Nuevamente los mineros cooperativistas se han lanzado a las carreteras con un feroz bloqueo, en demanda de que se les restituya la facultad de otorgar contractualmente sus áreas de producción al sector privado sin previa autorización del Estado, además de estar al margen del derecho a la sindicalización que tienen los mineros que no se encuentran hasta ahora afiliados.
A todas luces esta protesta no es más que el reflejo de la intransigencia de un sector que en los últimos 20 años ha sido de los más privilegiados del país, y que a punta de dinamitazos, marchas y bloqueos ha mantenido un estatus que le permite estar al margen de las normas laborales, tributarias y ahora sindicales.
Como bien declaró el Vicepresidente del Estado al inicio de las protestas de los cooperativistas, el sector no ha enunciado ni un solo argumento lógico que justifique su arremetida en las carreteras del país, causando con estas medidas únicamente zozobra entre quienes circulan por aquellas vías, amén de mermar la economía nacional y vulnerar el derecho a transitar libremente de los ciudadanos.
Además de no pagar los impuestos que les corresponde, vulnerar sistemáticamente los beneficios sociales de sus trabajadores, no pedir permiso para asociarse con otras empresas mineras privadas, incumplir las normas sobre el trabajo infantil, ahora, para colmo de males, se niegan a reconocer el derecho que tienen sus trabajadores a formar sindicatos. Todo esto sin considerar que en el pasado se han beneficiado en reiteradas oportunidades con maquinaria y equipos que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) les proporcionó a precios subvencionados (casi de regalo), además de fondos de crédito concesional que fueron honrados de manera parcial y a regañadientes. Esto sin contar su presencia en el directorio de Comibol, instancia que es muy ajena a su sector.
Ante esta injusta realidad, de la que pocos bolivianos gozan, es imperioso que el Gobierno central se imponga y restituya el Estado de derecho, de tal manera que el beneficio de pocos se extienda hacia todos, bajo un principio de equidad y que el Estado siente nuevamente soberanía en un sector que se caracteriza por su beligerancia.
Bolivia no puede seguir cautiva de un grupo de empresarios de la minería, que bajo el manto del cooperativismo han amasado fortunas y poder sin siquiera retribuir de manera justa al erario nacional, las regiones y los propios trabajadores. Ahora lo lógico es tener la firmeza suficiente para no ceder ante el nuevo petitorio cooperativista, que está lejos de ser racional y justo para los intereses del país en su conjunto.
Urge una nueva ley de minería que establezca las nuevas relaciones entre el Estado y el sector privado (cooperativas incluidas), para transparentar a aquellos que se encuentran en las sombras de un sector que ha recibido muchísimo más de lo que ha contribuido.
