Es un tema recurrente en los medios de comunicación: los recintos penales del país parecen funcionar con su propia ley. El Ministro de Gobierno reconoció que el Estado tiene poca presencia en los penales y anunció un próximo proyecto de ley para resolver el problema. Mientras tanto, la situación dentro de las cárceles es lamentable para quienes no tienen dinero.
En efecto, La Razón publicó días atrás un reportaje al respecto, inspirado en el relato de la esposa de un privado de libertad, quien denunció que su pareja tuvo que pagar $us 4.000 para acceder a las celdas de la sección denominada Chonchocorito en el penal de San Pedro de La Paz, conocida por ser el área más segura. Quienes no tienen dinero para negociar una alojamiento mínimamente digno, permanecen en “población”, donde no solo hay problemas de seguridad personal, sino también falta espacio incluso para dormir.
Entre ambos extremos, se sabe, gracias a numerosos reportajes publicados en los últimos años, están La Posta, donde se paga $us 3.000 por ingresar; Los Álamos, donde cobran Bs 3.200; y Guanay, donde el precio de ingreso es de Bs 2.200; en todos ellos es posible encontrar Tv cable, billares y hasta sauna. Entre los sectores de la “población” están La Cancha, Cocina, Palmar, Prefectura y San Martín, donde el precio oscila entre Bs 1.000 y 1.500. Además de pagar por el ingreso a cualquiera de estas secciones, los reclusos deben alquilar su celda por montos que varían dependiendo del espacio disponible.
Consultado al respecto, el Defensor del Pueblo observó la falta de medidas para evitar estos cobros irregulares, que en los hechos constituyen extorsiones que deben ser eliminadas. Además, resaltó la necesidad de que el Gobierno elabore “una propuesta integral que contemple todos los medios tecnológicos” para controlar a la población penitenciaria.
A su vez, el Director de Régimen Penitenciario y los delegados de los reos de San Pedro optaron por no responder. Quien sí lo hizo fue el Ministro de Gobierno, anunciando que su despacho elabora una ley y que espera que el nuevo régimen penitenciario sea implementado hasta fin de año. Reconoció asimismo “la insuficiente presencia institucional del Estado” en los reclusorios, lo cual provocó que éstos hayan sido tomados “por algunos grupos de poder”. Éstos han llegado al extremo de impedir el ingreso de la Policía en algunas cárceles del país.
Considerando que hace ya varios años se denunció que en los recintos penitenciarios del país los grupos de poder controlan no solo el negocio “inmobiliario” de las celdas, sino también el ingreso y comercio de alcohol y sustancias ilícitas, amén de los sistemas de castigo y recompensa, es evidente que el Estado falla en proteger a la población penal, lo cual significa, entre otros aspectos, que los privados de libertad también han sido privados de su dignidad.
