El boom actual de las cooperativas mineras (CM) arranca con el DS 21060 y sus procesos de “relocalización” masiva de mineros en 1985, durante el nuevo gobierno de Paz Estenssoro, cuando éste dijo el lapidario “el país se nos muere”. Contó con recursos internacionales para intentar suavizar el alto costo social de aquella medida. Decenas de miles de extrabajadores de Comibol fueron “relocalizados” de ahí a la calle, pero uno de los más apetecidos destinos fueron las cooperativas mineras. Aquí doy por sabidos muchos detalles de esta historia.
Primer fajo de preguntas: ¿esas CM son realmente “cooperativas”? No es muy frecuente que haya cooperativas con patrones y “peones-asalariados”, aunque no se descartan de forma pasajera. Por ejemplo, en algunas cooperativas agropecuarias no se acepta a nuevos miembros sin antes haber pasado por un largo período de prueba, que compense de alguna forma el alto costo de aceptación de los nuevos en el gremio. A estos cooperativistas-patrones se los llama también cuentapropistas. ¿Se podría comparar su enfoque a cierto “capitalismo salvaje” oculto también incluso en algunos proletarios mineros?
En rigor si se lo trata como algo estable, la distinción entre cooperativistas-patrones y sus “asalariados” me resulta una distorsión de la lógica cooperativista. Lamentablemente, no tenemos cifras de cuántos están en un lado y cuántos en el otro. Seguramente también deberíamos distinguir entre grupos más o menos “patronales”… ¿Esta tendencia actual de querer “sindicalizar” a los “asalariados” indicará cierta preocupación para mejorar la situación de estos últimos?
Otro tema clave en debate es sobre la posibilidad de suscribir contratos entre esas cooperativas mineras y empresas privadas, e incluso multinacionales para poderse capitalizar. En días recientes el Gobierno ha anulado varias decenas de contratos de este tipo. Es el mismo Gobierno que en tiempos recientes les había otorgado unas 100 volquetas, Bs 192 millones en créditos, ingenios y 601 áreas liberadas para la explotación de esas CM. No faltan razones para hacerlo. Según Héctor Córdova (Página Siete, 08/09/16), las tres principales razones que explican estas prerrogativas son: su historial y lealtad al régimen, su alto número y su capacidad organizativa. Él calcula que son más de 100.000 y con una capacidad de medio millón de votos, si incluimos a sus familiares. Todo eso se ha ido al tacho con los recientes conflictos, que incluyen cuatro cooperativistas muertos por balas (hasta ahora sin identificar a los responsables); un quinto por mal manejo de un cartucho de dinamita; y, como colofón, la brutal e innecesaria muerte con tortura del Viceministro Rodolfo Illanes.
Otro fajo de preguntas: ¿cómo se explica ese giro? ¿Habrá sido simplemente un mal cálculo o una simple venganza por los “cooperativistas” muertos? Pasaron unas siete horas desde que retuvieron al Viceministro, hasta que se supo que lo habían asesinado. Según explicó el Fiscal General del Estado en una conferencia de prensa, “(…) le quitaron la vida a plan de golpes en todo el cuerpo, cráneo, en extremidades, fractura de varias costillas, golpes en la parte genital, miembros inferiores”. Toda muerte es detestable, venga de donde venga, pero hay un cambio cualitativo entre las cinco primeras y la última, por el carácter público de la persona victimada y las condiciones en las que se produjo.
Queda mucho más por esclarecer: ¿cómo se explica que Illanes fuera allí en solitario? Al parecer, el Viceministro llevaba plata abundante para poder negociar, pero no sabemos ni cuánto ni quién se la había dado, ni qué ha pasado con ella. ¿Qué pasará a la larga con la anterior alianza entre el Gobierno y este complejo sector?
