Las perspectivas de desempeño de la economía mundial no son halagüeñas. Todas las zonas económicas registran reducciones significativas en su nivel de crecimiento agregado y, en algunos casos, se encuentran atrapadas en una recesión de la cual no saldrán a corto plazo. Las economías industrializadas no enfrentan únicamente una recesión cíclica, sino una combinación de varias crisis de tipo estructural, agravadas por complejas circunstancias institucionales.
Todo indica, además, que la política monetaria ha agotado sus posibilidades de alentar una recuperación significativa de las inversiones productivas y la creación de empleo suficiente en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. No es de extrañar, entonces, que las sombrías condiciones de la economía se traduzcan en malestar y enojo social, que constituyen a su vez el fermento para un preocupante giro hacia la derecha de las preferencias políticas en dichos países. La reacción nacionalista y el proteccionismo económico no serán fenómenos pasajeros, mientras no se solucionen los conflictos militares que dan lugar a las corrientes de refugiados en Europa.
También en los países de América del Sur se constata la presencia de situaciones económicas, políticas e institucionales que difieren sustancialmente del ciclo de expansión pasado, que concluyó hace tres años aproximadamente. Desde entonces muy pocos países han logrado sostener ritmos de crecimiento superiores al 4%, lo que es ciertamente insuficiente para continuar con la reducción de la pobreza y encarar, además, los problemas de la desigualdad creciente y la adecuación al cambio climático.
La situación de Bolivia se compara todavía favorablemente con las condiciones macroeconómicas del resto de América del Sur. Sin embargo, es probable que el crecimiento de este año registre recortes significativos, debido, entre otros factores, a las pérdidas en la agricultura por causa de la sequía y a la contracción de las actividades mineras por la reducción de sus precios de exportación.
Resulta poco práctico a estas alturas debatir sobre los diferentes factores que determinan el cambio de signo de la coyuntura o la dimensión verdadera del blindaje financiero disponible. Más importante que eso es ahora concertar un nuevo enfoque de la gestión económica y social, donde se incluyan medidas de corto plazo para atender situaciones sectoriales de emergencia, así como políticas de largo aliento dirigidas a las necesarias transformaciones estructurales encaminadas a sustituir el actual patrón primario-exportador y la redistribución de ingresos sin estímulos de contraparte para el aumento de la productividad, por una economía más diversificada en términos de las fuentes sectoriales del excedente y cada vez menos dependiente de los recursos naturales renovables y no renovables en su inserción internacional.
A tales efectos, debe admitirse que ya pasó la oportunidad de transformar la planta productiva en condiciones de holgura financiera y fiscal y mediante decisiones verticales. El esfuerzo nacional de transformación productiva tendrá que llevarse a cabo en un contexto de escasez relativa de recursos, lo que trae consigo la necesidad de priorizar objetivos sectoriales y regionales mediante un genuino proceso de concertación económica y social.
Un planteamiento de tales características permitiría adoptar de manera concertada una estrategia de industrialización impulsada por políticas productivas y tecnológicas, alianzas estratégicas público-privadas, esquemas de estímulos fiscales y crediticios transparentes y gestión descentralizada de las políticas de empleo digno, incluyendo la capacitación de la fuerza de trabajo y el establecimiento de condiciones efectivas para la incorporación de la mujer y los jóvenes al trabajo formal y adecuadamente remunerado.
