Dentro de cinco días, los colombianos se enfilarán a las urnas. Decidirán si respaldan o rechazan los llamados Acuerdos de La Habana. Si gana el Sí, la penúltima guerrilla del país seguirá avanzando en la entrega de su copioso arsenal hasta transformarse en un partido político legal que concurrirá a las próximas elecciones. En cambio, si gana el No, cundirá el desconcierto y se afianzará la ultra derecha alrededor de Uribe, cuyo partido podría repuntar en los siguientes comicios con el fin de relanzar una nueva ofensiva de aniquilamiento militar indefinido. De ganar el No, lamentaríamos el reinicio de la guerra sin pausa. Si eso ocurre, la triste pila de más de 200.000 víctimas letales seguirá rivalizando con las nubes,.
Sin embargo, si gana el Sí, la paz tampoco está garantizada. En efecto, dado su descrédito por tanto secuestro y chantaje, la guerrilla convertida en partido político bien podría tener un respaldo minúsculo de parte del electorado, lo cual impediría que sus excomandantes y sus bases sociales se sientan realmente bienvenidas a la vida política legal. Es verdad, el acuerdo de paz les entrega, de regalo, un espacio mínimo dentro del Parlamento para que su voz siga siendo escuchada, pero es improbable que 8.000 excombatientes se sientan a gusto en una organización partidaria marginal. Echarán de menos la época en la que eran una amenaza real para el orden establecido.
Así, si los electores no votan por la exguerrilla, muchos de sus hombres podrían verse tentados, como en Centroamérica, a retomar las armas en las filas del residual ELN o en las bandas de delincuentes y narcotraficantes, ávidas de personal especializado. Ah, pero el acuerdo de paz también considera el pago, durante 24 meses, de un salario para cada desmovilizado. La idea es acertada. Una beca de dos años es una plataforma económica decente para quien espera reinsertarse en una sociedad en la que los fusiles hayan dejado de ser un medio para ganarse el pan.
Si el Sí llega a ganar, y a la exguerrilla le va estupendamente bajo su nueva forma civil y cosecha los votos que una vez obtuvieron el M-19 en 1991 o la Unión Patriótica (UP) entre 1985 y 1990, la paz tampoco estará consumada. Un repunte electoral de la izquierda en Colombia podría desenterrar a los grupos paramilitares, beneficiados por un escandaloso retiro con honores durante el gobierno de Uribe. Sí, esta es la posibilidad más fúnebre de todas. Las FARC ya ensayaron antes un ingreso en la vida legal y fueron aniquiladas en el intento. Más de 3.000 candidatos, dirigentes, autoridades electas y militantes de la UP, su brazo partidario en los años 80 y 90, cayeron bajo la bala de la “otra” guerrilla, la del narco y la ultraderecha. Sí, ya lo sé, el acuerdo de La Habana también ha tomado previsiones para evitar este desenlace. El partido que las FARC darán a luz muy pronto será uno rodeado de guardaespaldas. El Estado colombiano se ha comprometido a evitar que el genocidio de la UP vuelva a repetirse.
Y claro, este acuerdo solo pudo haber sido firmado por el presidente Juan Manuel Santos. Con Uribe o su partido en el mando, nadie, en su sano juicio, hubiera aceptado entregar ni una sola pistola. Únicamente una autoridad relativamente equidistante entre los bandos beligerantes en pugna puede garantizar que entregar el fusil no signifique morir a manos del que no quiso hacerlo. Sí, Colombia, Sí.
