Tras nueve días de bloqueos y movilizaciones de protesta, la última de las cuales terminó en enfrentamiento entre vecinos y la Policía, El Alto volvió ayer a la normalidad gracias a un acuerdo en el que el Gobierno Municipal accedió a atender las demandas que originaron el conflicto. Las trabas a la gestión municipal son tan grandes como las necesidades.
En efecto, gracias a la mediación del Obispo de la Diócesis de la urbe, el martes la Alcaldesa alteña se reunió con la dirigencia del Distrito 8, punto de origen de las protestas, y otros dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esa ciudad y acordó en primera instancia retirar a la Subalcaldesa de esa zona e iniciarle un sumario investigativo, además de garantizar los presupuestos zonales. El diálogo continuó ayer por la tarde.
La movilización de los alteños, probablemente una de las más tumultuosas de los últimos años, se inició el lunes 3 de octubre cuando vecinos del Distrito 8 comenzaron un bloqueo y movilizaciones en la ruta principal que vincula a La Paz y esa urbe con Oruro, en demanda de proyectos zonales y la renuncia de la subalcaldesa Irene Condori. Dos días después, la Fejuve se sumó, declarando un bloqueo indefinido y otorgando a la Alcaldesa un plazo de 24 horas para que destituya a los 14 subalcaldes de la urbe debido a demandas incumplidas por la municipalidad; caso contrario, anunciaron que demandarían un referéndum revocatorio contra la autoridad.
Durante los siguientes días, las movilizaciones lograron paralizar gran parte de la ciudad e impidieron la salida de buses con destino a otras regiones del país. El sábado 8, la Alcaldesa cuestionó las movilizaciones y aseguró que había la intención de gestar un “golpe municipal” por parte de exautoridades y dirigentes vecinales afines al MAS. El lunes 10, la autoridad presentó una demanda contra 19 personas por los delitos de sedición, conspiración, impedir o estorbar el ejercicio de las funciones y asociación delictuosa.
Falta saber si la demanda será retirada o no y si tiene posibilidades de prosperar siquiera hasta el inicio de las investigaciones, pero por lo pronto se ha demostrado una vez más que la protesta callejera tiene resultados favorables para quienes la organizan. Sin embargo, es inevitable preguntarse por qué esas dirigencias vecinales fueron más tolerantes con las anteriores autoridades municipales, que a lo largo de casi una década ejecutaron pocas obras hasta su culminación.
El Alto tiene bien ganado el mote de ciudad rebelde, y su histórica participación en procesos que transformaron la política reciente es insoslayable. Empero, es menester que tanto sus autoridades electas como las dirigencias comiencen a reconocer que no es lo mismo un “pueblo de pie” que una ciudad parada; esto último no le hace bien al desarrollo social.
