Según el anuncio oficial, en septiembre de este año la economía fue 1,0443 veces la de septiembre del año pasado, es decir, le faltó crecer un adicional de 7 sobre 10.000 para que se pague el segundo aguinaldo. Sería maravilloso que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya podido calcular el Producto Interno Bruto (PIB) del país con esa precisión, pues posiblemente pocas naciones en el mundo pueden hacerlo. Es más probable que el Gobierno, motivado por el temor de generar desbalances sectoriales, haya decidido que este año no se pague el segundo aguinaldo.
Ese temor tiene bases sólidas, puesto que un segundo aguinaldo podría aumentar el déficit del sector público, que de todas maneras ya es elevado, pues se estima que llegará al 6% del PIB hasta fin de año. En un periodo de bajo crecimiento, también podría generar problemas al sector privado, hacer crecer el desempleo, aumentar la brecha en la balanza comercial y ejercer presión sobre el tipo de cambio. Esto no ocurrió en el periodo de alto crecimiento, pero las circunstancias han cambiado, por lo que se puede calificar de acertada la decisión del Gobierno.
Sin embargo lo que puede estar sujeto a crítica es la forma en que se tomó tal determinación, a través de una presunta modificación del dato proporcionado por el INE, cuando hubiese sido mejor, desde los puntos de vista político y económico, modificar la norma que establece el segundo aguinaldo introduciendo una cláusula adicional sobre la necesidad de cuidar los balances sectoriales.
El discurso de varios miembros del Gobierno, sobre todo del Vicepresidente del Estado, siembra una duda razonable sobre la capacidad institucional del Ejecutivo para manejar la economía en periodo de menor crecimiento, que puede convertirse en recesión. Los mensajes son contradictorios pero tienden a basarse en dos premisas: la economía está blindada y el crecimiento depende de la demanda interna, siendo independiente de lo que ocurra en los mercados externos.
En realidad la economía boliviana es muy dependiente de los precios internacionales de nuestras exportaciones, y si la demanda interna ha crecido en los últimos años lo ha hecho al amparo de los ingresos adicionales provenientes del comercio exterior. Si éstos disminuyen, la demanda debería disminuir salvo si, como dice el Gobierno, se aplica medidas anticíclicas; pero queda a saber con qué recursos. Éstos podrían venir del endeudamiento externo o (esperemos que no) de créditos del Banco Central. El crédito chino sobre el cual el Gobierno puso las manos al fuego no pasará por el Ministerio de Hacienda, pues viene en maquinaria y equipos chinos, además en salarios del personal del país oriental.
En una situación de alta vulnerabilidad, se espera que el Gobierno mejore su equipo económico, pero quizás eso no sea suficiente. Uno de los problemas que se ha observado con relación a la asignación de las inversiones públicas es la excesiva intromisión en la toma de decisiones de las autoridades políticas, dejando poco margen al estudio técnico. Las principales decisiones de inversión son decididas por el Presidente, el Vicepresidente y quizás por uno u otro ministro, prescindiendo del análisis económico. La intuición parece dominar frente a la razón. Esto no ha sido grave en periodos de bonanza, pero puede tener muy malos resultados en periodos de desventura. En el corto plazo, urge la revisión del programa de inversiones públicas.
