El cambio en el carácter de la situación nacional ha sido reconocido explícitamente por parte de autoridades y analistas, sin perjuicio de que existan diferencias entre ellos respecto de las medidas recomendadas para encarar la nueva coyuntura. Lo que ya nadie niega es que el país ha ingresado en una etapa cualitativamente diferente a la de los años previos de bonanza. Que se la designe o no como crisis, ya no es relevante. Es de la mayor importancia en cambio admitir que el Gobierno ya no está en condiciones de enfrentar por sí solo los problemas institucionales que se han puesto de manifiesto en diferentes esferas de nuestra vida colectiva.
También parece evidente que los movimientos sociales carecen de capacidades verificables de contribuir a un debate sobre los grandes temas de la agenda nacional. No hay ejemplo alguno de que en las confrontaciones y conflictos recientes hubieran superado el horizonte estrecho de sus intereses y experiencias particulares, o que hubieran renunciado a algunas de sus expectativas corporativas a fin de viabilizar el bien común.
Por otra parte, abundan los ejemplos sobre la inoperancia del mecanismo de las cumbres que convoca el oficialismo, donde no están representados de verdad todos los actores concernidos; no participan todos los que debieran por méritos, experiencia y conocimientos; ni mucho menos concluyen con propuestas e iniciativas genuinamente orientadas a resolver los problemas cada vez más acuciantes para los ciudadanos de a pie, llámense acceso a la Justicia, seguridad ciudadana, empleo digno o igualdad efectiva. Pero los partidos que ofician de opositores tampoco ponen de manifiesto aptitudes para concurrir a un espacio de concertación política de gran alcance, como lo demuestra claramente la mediocridad de su actuación parlamentaria.
Parece, en consecuencia, que ha llegado el momento de proponer procedimientos innovadores para impulsar desde la sociedad civil un debate público amplio y libre sobre los problemas colectivos, los intereses nacionales permanentes y los correlativos déficit institucionales y ausencia de políticas públicas, con miras a formular agendas públicas idóneas para convertirse más adelante en grandes acuerdos y pactos políticos sobre los temas de la protección de los derechos ciudadanos, las libertades y garantías constitucionales, las responsabilidades del ejercicio del poder, y la rendición obligatoria de cuentas por el uso de los recursos públicos.
Otro conjunto temático se refiere al pacto fiscal, que ya no puede consistir en la redistribución de recursos fiscales entre los niveles nacional, departamental y municipal, sino en la imperiosa necesidad de legitimar un nuevo esquema de recaudaciones fiscales para cubrir los gastos corrientes y de inversión del Estado, tomando en cuenta que el financiamiento gubernamental ya no debería recaer primordialmente sobre las rentas que generan los recursos naturales.
La superación planificada del modelo extractivista se ofrece sin mayores explicaciones como planteamiento derivado de la argumentación anterior, motivo por el cual un tercer conjunto de temas de deliberación pública sistemática tendría que versar sobre la reconversión productiva, sus actores estratégicos, los recursos necesarios y el catálogo de incentivos correspondientes.
Por último, un tema que ya no se puede soslayar es el de la reforma de la universidad, con miras a que cumpla efectivamente con sus funciones de formación de profesionales idóneos y realice toda la investigación científica y tecnológica que requiere una sociedad de nuestras características para su inserción autodeterminada en el mundo contemporáneo.
Una alianza de organizaciones de la sociedad civil con medios de comunicación interesados en promover debates estratégicos podría dar los primeros pasos de esta propuesta.
Es economista.
