En una desafortunada declaración realizada a una radio local, el senador de Unidad Nacional Arturo Murillo hizo gala de una condenable postura discriminatoria. En afán de defensa de su jefe en torno al caso Focas, el parlamentario opositor llegó a sostener que el éxito de Funda-Pro se debía a que tal institución “ha sido manejada por blancos, que ha sido manejada no por indígenas, sino por gente correcta, honesta”.
Qué tal. Semejantes palabras, que por donde se lean tienen tufo racista, plantean una generalización absurda e inadmisible a favor de los “blancos” (sic) y en contra de los indígenas. No es la primera vez que Murillo, quien no se caracteriza precisamente por sus buenas formas de expresión, lanza acusaciones e insultos contra sus rivales políticos; pero esta vez ha ido demasiado lejos. Como mínimo le corresponde retractarse y pedir disculpas.
Lo más crítico de este caso, más allá del exabrupto del senador, es que en la Bolivia del siglo XXI sigan habiendo ciudadanos, y entre ellos funcionarios y políticos, cuyas percepciones, sentimientos y opiniones no logran superar la arraigada discriminación racial heredada de la Colonia. La Ley 045 establece sanciones ante este tipo de faltas, pero sin duda el reto mayor es educativo y de cultura ciudadana para el respeto entre diversos.
