En menos de dos semanas, los pobladores de 14 entidades territoriales autónomas del país decidirán en referéndum sobre la aprobación o rechazo de sus estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Debido a que es un evento de alcance local, el tema no ha estado en la agenda de debate público. Tampoco hay suficiente difusión y socialización de los documentos en consulta.
Como se sabe, el próximo domingo 20 de noviembre, la democracia boliviana y en especial el proceso autonómico tienen una importante cita en las urnas. Ese día se realizará un nuevo ejercicio de la democracia directa y participativa. Y podría darse también un fuerte impulso a las autonomías, en particular la regional, la municipal y la autonomía indígena originario campesina. Con esta última se espera asimismo alentar el avance en la todavía esquiva cualidad plurinacional del Estado.
Pese a la relevancia del anunciado referéndum de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, pareciera que la información y el debate se han restringido a la región (Gran Chaco) y a los municipios convocados para la consulta. Ello es preocupante toda vez que los resultados de la votación, de carácter vinculante, tendrán incidencia en el conjunto de entidades territoriales autónomas del país, que podrían verse motivadas, o desalentadas, en la elaboración y aprobación de sus documentos autonómicos.
¿Qué está en juego el 20 de noviembre? Luego del fallido referéndum de septiembre de 2015, en el que cinco departamentos rechazaron mayoritariamente la aprobación de sus estatutos, se esperan mejores resultados en esta nueva consulta. Diez cartas orgánicas municipales podrían entrar en vigencia, entre ellas la de Sucre, primera ciudad capital en lograrlo. También se podría aprobar el primer estatuto autonómico regional. Y tres autonomías indígenas darían el salto hacia el autogobierno. No es poca cosa.
Ahora bien, ¿cuál es el contenido de los estatutos autonómicos y cartas orgánicas cuya aprobación depende de la decisión ciudadana? ¿Están suficientemente informados, y motivados, los cerca de 500.000 votantes habilitados para participar en las 15 entidades territoriales autónomas, incluido un municipio en conversión a autonomía indígena? Será necesaria una evaluación de cada una de ellas, pero la sensación general es que, una vez más, hay escasa información sobre el proceso.
¿Y qué decir de los documentos autonómicos puestos en consulta? Si bien se hizo el esfuerzo de imprimir suficientes ejemplares en cada caso, la socialización de los mismos es insuficiente. La tarea ha sido delegada casi exclusivamente a los concejos municipales, que en varios casos están inmersos en disputas internas. Tampoco las entidades públicas nacionales se han ocupado con prioridad del tema, ni los medios de comunicación. Corre cuenta regresiva para darle atención e impulso al nuevo referéndum.
