El 2016 ha sido un año catastrófico en cuanto a disponibilidad de agua se refiere. Según reportes, en Bolivia las lluvias han sido muy escasas en relación con los últimos 10 años. En los valles como Cochabamba, las precipitaciones en el primer semestre de este año disminuyeron en más del 50% respecto a 2015. A esto se suma que 2016 ha sido el año más caluroso, lo que ha ocasionado un periodo de sequía más prolongado e intenso que lo habitual. En consecuencia, la producción de legumbres y hortalizas se redujo un 40%. En los llanos orientales no era predecible este fenómeno. Las lluvias en la Chiquitanía disminuyeron hasta en un 42% en el primer semestre (municipio de San Ignacio de Velasco), ocasionando pérdidas económicas de $us 485 millones por el ganado y los cultivos destruidos (CAO, 2016).
No obstante, los impactos van más allá de poner en riesgo la seguridad alimentaria. Innumerables lagunas y humedales hoy se encuentran en condiciones ecológicas lamentables; la extrema reducción de caudales junto a la contaminación por el vertido de residuos urbanos, lixiviación de agroquímicos, pastoreo de ganado, minería, desechos industriales y el cambio climático provocan la agonía de las principales fuentes proveedoras de agua en el país. Similar situación ocurre con varias represas, muchas de las cuales abastecen de agua a cientos de familias y proveen riego a cultivos de vital importancia para la canasta familiar.
Los centros urbanos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Potosí son los que más se han visto más afectados por la falta de agua. El racionamiento suscitado en los últimos meses en esas urbes es crítico, dejando sin este vital elemento a hospitales, escuelas y hogares. Desde hace varios años que diferentes organizaciones y especialistas vienen alertando sobre posibles dificultades en la disponibilidad de agua frente al acelerado crecimiento demográfico y los efectos del cambio climático. Y a pesar de estas advertencias, las estrategias de desarrollo metropolitano a la fecha no contemplan al agua en la agenda política, no constituye una prioridad de inversión municipal, departamental ni nacional.
El acceso al agua fue reconocido como un derecho fundamental por la ONU en 2010; pues resulta esencial para ejercer todos los derechos humanos. Paradójicamente, la legislación que rige actualmente el uso y acceso del agua en Bolivia fue promulgada en 1906. No obstante, las condiciones han cambiado sustancialmente, y su gestión requiere un marco normativo que responda a la demanda y las problemáticas de hoy en día y del futuro. El agua debería ser uno de los ejes fundamentales en las políticas de desarrollo del país, de tal manera que se garantice su acceso y su uso de manera sostenible y equitativa para las actuales y futuras generaciones.
