Entre las instituciones públicas que más vergüenza e indignación causan a la población —además de provocar sensación de inseguridad—, el Ministerio Público ocupa un lugar prominente, por los muchos casos de abuso, negligencia y corrupción que se conocen a través de los medios de comunicación. El esfuerzo del Fiscal General para hacer un cambio parece no ser suficiente.
El más reciente escándalo que involucra a uno de los miembros de la institución designada por la Constitución Política del Estado para defender a la sociedad ha sido la aprehensión, el domingo, del fiscal paceño Ánghelo Saravia, luego de que la Policía recibiera una denuncia en su contra tras un operativo que habría montado el sábado en El Alto para amenazar a una persona que lo acusa de extorsión. Días después, un juez cautelar ordenó su detención en el penal de San Pedro, en La Paz, junto con dos de sus supuestos cómplices.
El fiscal de marras no solo tiene en su contra la acusación ya señalada, sino que también fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados. Irónicamente es el fiscal que estaba a cargo de tres casos que tuvieron gran cobertura periodística: el consorcios de jueces y abogados, el más reciente, relacionado con la construcción irregular de puestos militares en la frontera; y el más polémico, el desfalco al ex Fondo Indígena.
Desafortunadamente Saravia no es el único fiscal acusado de aprovechar su poder relativo en el Ministerio Público para beneficiarse a través de actos reñidos con la moral profesional y, peor aún, con la ley y la Justicia. El martes, el Fiscal General anunció que en lo que va del año, 60 fiscales han sido destituidos por estar implicados en diferentes casos de corrupción, y que la Fiscalía inició procesos contra otros 200 por diferentes causas. En estos casos, anunció el jefe del Ministerio Público, dependiendo de la falta, las sanciones irán desde la destitución hasta la suspensión temporal o sanciones económicas.
El Fiscal General detalló que actualmente hay 508 representantes del Ministerio Público que cumplen diversas funciones en los nueve departamentos, y que todos ellos están sometidos a la Constitución Política de Estado, a las leyes y a las normas internas, por lo que su alejamiento de estos preceptos será sancionado; “basta de fiscales extorsionadores”, afirmó, a modo de destacar su voluntad de transformar la institución a su cargo.
Así, queda demostrado una vez más que la ingrata situación en que se encuentra sumido el sistema de justicia en el país (y que es causa, entre otros, de los linchamientos, tema que merece un comentario aparte) es en gran medida causada por la mala actuación de fiscales y jueces, situación que solo cambiará con sanciones ejemplarizadoras, pero también con constante vigilancia social.
