La determinación de la Cancillería de identificar, primero, y luego desclasificar los archivos que tenía de las dictaduras que manejaron el país entre 1966 y 1979, época en la que un gran número de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y perseguidas por razones políticas, ha sido muy bien recibida no solo por los familiares de las víctimas, sino también por muchas instituciones; entre ellas la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Bolivia, cuyo responsable, a tiempo de destacar esta loable decisión, ha convocado al resto de las carteras ministeriales a seguir esta misma ruta.
Ciertamente es de esperar que esta convocatoria no caiga en oídos sordos ni en sacos rotos. Pues, como ya antes se comentó en este mismo espacio, a 34 años del retorno a la democracia, Bolivia sigue siendo el único país miembro del Plan Cóndor que no ha constituido una comisión para esclarecer la verdad de los hechos registrados durante las dictaduras y juzgar a los responsables de estos execrables crímenes que, en la mayoría de los casos, siguen en la impunidad. Y como bien ha demostrado la cartera dirigida por el canciller Choquehuanca, solamente hace falta voluntad para cerrar, de una buena vez, este aciago capítulo de la historia boliviana, a tiempo de impartir justicia.
