Ayer concluyó en Santiago de Chile la decimoquinta reunión de Estados parte de la Convención de Ottawa, sobre la prohibición del uso de minas antipersonales, con la participación de delegaciones de los 162 países miembro. Durante el evento se repasaron los acuerdos y la situación de cada nación en este aspecto, incluidos los plazos que se tienen para que estos aparatos mortales sean desactivados, con el propósito último de eliminar este tipo de explosivos de la faz de la tierra en 2025.
El canciller Heraldo Muñoz declaró que Chile ha removido y destruido 146.460 minas antipersonales en los últimos años. Con ello se han liberado 16 millones de metros cuadrados de territorio. A su vez embajadores y jefes de Estado de otros países miembros de esta convención instaron a acelerar la limpieza de los territorios minados. Tal fue el caso del presidente Evo Morales, quien reclamó justamente a Chile una mayor velocidad en estas operaciones, puesto que la nación vecina pidió una prórroga hasta 2020 para desactivar estos artefactos que se sembraron en sus fronteras durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1988). En el caso de América Latina, un subcontinente que vive en paz, las minas son una amenaza contra la vida de las personas y animales, pero también contra la integración regional.
