En medio de los enredos que ensombrecen el panorama de este fin de año, a pesar de las incoherencias de unos y otros, y por encima de las estridencias desatadas por el apasionamiento político, hay en ciernes un avance positivo enfilado a saldar una antigua deuda histórica de la democracia. Se trata del tratamiento de una ley que debe establecer una Comisión de la Verdad para cerrar los casos de persecuciones, asesinatos, torturas, desapariciones y otros atentados contra los derechos humanos del periodo 1964-1982.
Si el tema no vuelve a estancarse o postergarse sin fecha como ocurrió anteriormente, si no se la deja de lado ante apremios políticos circunstanciales, en las próximas semanas esta ley con sus objetivos primigenios tendría que ser promulgada de una buena vez. Si esto ocurre, no solamente se atendería la mencionada cuenta pendiente, aspecto que ya de por sí es relevante. También se cumpliría un compromiso que, como Estado, Bolivia asumió en reiteradas oportunidades ante organismos internacionales y que venía soslayando sin una explicación coherente. Pero además, y esto es muy importante, la comisión a nominarse tendría la suficiente autoridad para ordenar la apertura de archivos clasificados, de todas las reparticiones del Estado y de cualquier otra institución pública o privada.
Hace poco, en actitud loable, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió la desclasificación de sus archivos, una poderosa señal que se esperaba sea imitada por otras instancias del aparato estatal. Si esto no ha ocurrido todavía por iniciativa propia, tendría que suceder ahora por mandato de la ley, si finalmente ésta se aprueba sin recortes ni limitaciones de última hora.
Quiere decir lo anterior que en 2017 podría crearse en el país un clima de saludable transparencia, por lo menos en lo que se refiere a fuentes documentales, en especial del sector del Ministerio de Defensa y de las reparticiones castrenses que están bajo su dependencia; entidades que hasta hoy han sido las más reticentes a la apertura de sus archivos, dejando la sensación de que se ocultan deliberadamente responsabilidades y evidencias de crímenes como el cometido con Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, el fatídico 17 de julio de 1980.
En el año que está por llegar se cumple el medio siglo de la guerrilla de Ernesto Che Guevara, acontecimiento que está inmerso en el periodo antes señalado y que posee también diversas aristas investigables por la llamada Comisión de la Verdad. Por ejemplo: el asesinato y la desaparición forzada de prisioneros (entre ellos el propio Che, Simeón Cuba, Aniceto Reinaga, Julio Velasco, Jorge Vázquez Viaña y otros, además de la larga lista de fusilados en la guerrilla de Teoponte). El reparto de las pertenencias de los capturados como botín de guerra no impidió que una parte de la documentación incautada en las acciones fuera a parar a los archivos militares junto a los papeles producidos por la propia institución castrense.
A estas alturas y en correspondencia con el clima de apertura que podría generarse con la ley que comentamos, correspondería realizar un acopio sistemático y riguroso del material documental que ha quedado en manos privadas o ha desaparecido (como el caso de toda la documentación del juicio de Camiri contra el intelectual francés Regis Debray y el artista argentino Ciro Bustos). Pero a la vez es imprescindible abrir esos archivos, rompiendo el trato discriminatorio que ha imperado hasta el presente al permitir trabajar en ellos solo a los investigadores militares. Después de 50 años, no tiene sentido seguir guardando secretos que en gran medida ya no lo son.
