A partir de esta gestión, las adolescentes embarazadas podrán obtener permisos de hasta 90 días para no asistir a sus centros educativos, licencia que se complementaría con un régimen de escolarización semipresencial para que puedan completar su educación. Esta resolución del Ministerio de Educación constituye un avance significativo que merece el apoyo de toda la población.
Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Bolivia tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente de la región.
Se estima que cada año se registran aproximadamente 80.000 embarazos en mujeres menores de 20 años en el país. Autoridades educativas han identificado casos de muchachas de incluso 13 años en esta situación. Es una problemática preocupante, pues las afectadas pertenecen sobre todo a hogares pobres y sufren frecuentemente discriminación y censura en sus propias familias y comunidades por su condición.
En muchos casos el embarazo y la maternidad adolescente derivan en el abandono de la escuela; en severos riesgos de mortalidad del recién nacido y/o de la madre por la falta de un soporte adecuado; y en exclusiones que las condenan a constituir hogares a veces solas, sin educación y con grandes carencias. Este es uno de los fenómenos que más vulnera el derecho de las mujeres bolivianas a una vida sana, autónoma y libre de violencia.
Desde hace más de un decenio se ha venido mejorando sustantivamente la atención de salud materno-infantil con políticas universales de aseguramiento social. Sin embargo, la amplitud del fenómeno del embarazo en edad temprana está obligando a pensar en nuevas directrices para que los centros de salud y los establecimientos educativos brinden atención diferenciada y especializada a estas personas.
La decisión ministerial podría ser igualmente una oportunidad para que la comunidad educativa se transforme en un espacio activo de aprendizaje colectivo de valores solidarios y de respeto mutuo, que son consustanciales a una educación democrática y humanista.
Para eso, sería deseable que esta medida llegue acompañada de programas de deliberación y sensibilización orientados a promover la participación de los estudiantes y profesores en este reto. De igual manera, esto debería incentivar a las autoridades a intensificar los esfuerzos de prevención y de educación para la sexualidad en el sistema educativo y la comunidad.
Este es un ejemplo de las innovaciones que precisa la política social para que responda eficazmente a las necesidades de una sociedad más diversa y que está cambiando rápidamente. Hay que avanzar hacia políticas de acceso universal a servicios públicos, combinadas con acciones especializadas para atender a los grupos que más necesitan del respaldo del Estado para ejercer plenamente sus derechos.
