Después de un cuidadoso y desprejuiciado análisis, es posible concluir que solo nos falta una alta dosis de coraje y una gestión científica y técnica para implantar el Seguro Universal de Salud (SUS), propuesto por el Gobierno, porque las condiciones objetivas están dadas.
La inversión realizada y programada en infraestructura hospitalaria, equipamiento e incremento de ítems es enorme, aunque errática, dispersa, asimétrica y politizada.
Por ahora se privilegia a municipios afines al Gobierno en desmedro de aquellos que están en manos opositoras; se implementan programas como Mi Salud o Juana Azurduy y se ejecutan campañas para brotes estacionales desde el Ministerio de Salud, restándole dedicación y tiempo a su función de generar políticas, normar, coordinar y regular el sector; dejando para los gobiernos departamentales y municipales la tarea de ejecutar las acciones en el desempeño de sus competencias. Es vital replantear todo esto.
El megaproyecto de hospitales nos dotará de una gran infraestructura y equipamiento, pero habrá que asegurar los recursos humanos y el presupuesto necesarios para un funcionamiento sostenible. Con estos hospitales bien instalados y funcionando, en el futuro las cajas de salud le comprarían servicios al subsistema público, que previsiblemente dispondrá de mejor equipamiento y una mejor calidad de atención. En consecuencia, no será necesario echar mano a los recursos de la CNS para financiar el Seguro Universal de Salud, ya que parte de ellos serán transferidos naturalmente al subsistema público como pago por servicios.
La construcción de un sistema único de salud, que no es lo mismo que un seguro universal gratuito, no depende de mayor presupuesto o mayor inversión, requiere de una sincera y desprejuiciada voluntad colectiva, consensos y acuerdos entre los subsectores públicos y de la seguridad social, participación comprometida de todas las instituciones y actores del sector salud, y despartidización en aras de cumplir el mandato constitucional.
Por tanto, los escenarios de confrontación entre el Gobierno central y los gobiernos subnacionales necesitan extinguirse, y los gremios deberían ingresar a una tregua productiva y patriótica hasta lograr el objetivo. Asimismo, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y los modelos de atención exitosos, resulta esencial generalizar y consolidar la atención primaria de salud, contenida en la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci), coordinando armoniosamente los niveles de atención de todo el sistema de salud.
Sin un sistema único de salud, la implementación de un seguro universal gratuito sería muy difícil. Para ello sí se necesitaría un presupuesto, no necesariamente para brindar todas las prestaciones desde el inicio, sino para implantarlas razonable y gradualmente sobre la base de estudios epidemiológicos y la construcción simultánea de un potente y confiable sistema nacional de información en salud.
En este concepto de gradualidad estoy convencido de que el plan de hospitales debe replantearse participativamente por el riesgo de fracasar si se intenta hacer todo simultáneamente. Podría no contarse con las suficientes y confiables empresas constructoras y, sobre todo, es posible que no se tengan los recursos humanos preparados para cada hospital. Debe ser prioritario potenciar el primer nivel de atención y estructurar las redes, asignando los recursos necesarios.
En la implementación del Seguro Universal de Salud una gran ministra o ministro no significarán nada si no se reclutan profesionales altamente competentes, capaces de enfrentar el desafío, y a quienes se les deberá asegurar estabilidad y continuidad. Algunos gobiernos municipales y departamentales ya demostraron con audacia que es posible un seguro universal de salud, de manera que no hay justificativo para negarle por más tiempo ese derecho a ningún boliviano.
* es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
