Cuando en octubre de 2015 un exmilitar que hoy cumple condena por los crímenes cometidos durante la época de las dictaduras denunció a seis excamaradas suyos como los responsables del asesinato del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, semanas antes del cruento golpe de Estado protagonizado por Luis García Meza, era difícil imaginar el desaguisado que hoy se vive.
Casi inmediatamente, un fiscal de La Paz fue asignado al caso; sin embargo, fue recién en la primera semana de este año que el representante del Ministerio Público decidió programar una necropsia al cadáver del sacerdote para identificar las causas de su muerte. La decisión, previsiblemente, ha provocado molestia no solo entre los miembros de la Compañía de Jesús, sino también entre las y los luchadores por la democracia, pues es casi como poner en duda las causas del fallecimiento de quien se sabe que fue brutalmente torturado antes de ser ejecutado por disparos de arma.
Es probable que los abundantes testimonios orales y periodísticos de la época (seguramente son muy pocos o muy jóvenes quienes no conocen las espeluznantes imágenes del cadáver de Espinal) no pueden considerarse prueba plena de las causas del deceso, pero sí del hecho que no murió de causas naturales.
Hasta donde se sabe, en 2016 la investigación del Ministerio Público incluyó la toma de declaraciones a personas que estuvieron vinculadas con el también cineasta, docente universitario y director de radio Fides, entre ellos los jesuitas Eduardo Pérez y Xavier Albó, quienes brindaron testimonio sobre el modo en que Espinal fue secuestrado, torturado y finalmente asesinado. Para el fiscal de marras, probablemente la palabra de estas y otras personas no es digna de fe y pretende, como el Tomás de los evangelios, pasar el dedo por las heridas del sacerdote.
En respuesta al polémico intento del fiscal, el médico que realizó la autopsia del cadáver, quien supuestamente no fue encontrado cuando se hacían las indagaciones, apareció hace semanas en público dando abundantes detalles de lo que le tocó ver y declarar en 1980, así como ofreciéndose a declarar ante la Fiscalía. Es fácil imaginar por qué los papeles desaparecieron durante la última dictadura, pero los testigos y la memoria siguen presentes.
Finalmente, lo que más llama la atención de este polémico caso es el hecho que quien más interesado se muestra en las actuaciones del fiscal asignado al caso, explicándolas y justificándolas, es el abogado del exmilitar denunciante, por lo que cabe preguntarse qué interés persigue.
La memoria histórica ha demostrado no ser frágil, aunque parece difícil despertarla. Es deseable que la identificación y sanción de los responsables del horrendo crimen sirvan para alumbrar a la Justicia y no para satisfacer intereses espurios; una prueba más de la necesidad de establecer una Comisión de la Verdad en el país.
