Cuatro varones violan a una niña de 12 años, dos reciben sanción, los otros se niegan y son sobreseídos, la madre de la víctima reclama y termina siendo procesada por la fiscal del caso; un hombre mata a su suegra, pero al cabo de un tiempo los jueces le devuelven la libertad; un hombre viola a una niña con discapacidad y es liberado tras el pago de una fianza.
Son tres casos que no solo muestran un aspecto que abona a la idea de que la sociedad vive tiempos de degradación moral, sino sobre todo que evidencian lo tantas veces dicho en este y otros espacios de opinión: la Justicia en el país parece sumida en la decadencia a causa de las actuaciones de algunos jueces y fiscales demasiado inclinados a la prevaricación.
Se citan esos tres casos no porque sean emblemáticos, sino porque son los más recientes escándalos recogidos por los medios de comunicación en Cochabamba. Como esos, debe haber decenas en otras jurisdicciones del país, todos con las mismas características en común: notable insensibilidad de los agentes del Ministerio Público o de los administradores de justicia respecto al sufrimiento de las víctimas, parcialización por quienes exhiben mayores recursos (habitualmente contactos o dinero) y, sobre todo, temeridad para tomar decisiones evidentemente injustas.
De los tres casos arriba citados el que más indignación ha causado es el primero, pues la fiscal que indagaba el caso, además de anunciar que la versión de la víctima no era creíble (pese a que dos acusados reconocieron haber cometido el crimen), al verse cuestionada por la madre de la niña no tuvo mejor idea que querellarse contra ella, por el supuesto delito de “amenazas”. Tal ha sido la presión de la opinión pública que el viernes el Fiscal General del Estado anunció que estaba separando a Tejada del Ministerio Público.
En los otros dos casos, la injusticia fue producida, irónicamente, por los jueces encargados de evitarla sancionando los crímenes. El asesino de su suegra no solo se había declarado culpable en 2015, sino que además había reconocido que su plan incluía asesinar de igual manera a su esposa; es por ello difícil comprender por qué hoy goza de libertad, pese a haber sido sentenciado a 30 años de prisión. En el tercer caso un hombre fue descubierto en flagrancia cuando violaba a una niña con 90% de discapacidad física, es decir que no tenía forma de defenderse; por ello, la Justicia lo sancionó ordenándole pagar una fianza de Bs 5.000.
Tres casos apenas, pero se sospecha que hay muchos más, incluso algunos peores. Mientras tanto, el debate público está concentrado en otros asuntos que nada tienen que ver con el día a día de la población, que por no sentirse segura llega a extremos tan lamentables como los linchamientos y otras formas de violencia orientada a disuadir a los delincuentes, quienes saben que en la Justicia boliviana tienen grandes posibilidades de salirse con la suya.
