En las últimas semanas, la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) y la regional del MAS en Santa Cruz activaron iniciativas para una reforma de la Constitución Política a fin de habilitar la repostulación, en 2019, del presidente Evo Morales. Ambas acciones, de suyo prematuras y mal orientadas, fueron pronto desautorizadas por la dirección nacional del MAS.
En su noveno congreso orgánico, realizado en Montero a mediados de diciembre pasado, el gobernante MAS proclamó a Morales como su candidato en las próximas elecciones y definió cuatro vías a fin de abrir el candado constitucional que hoy impide su habilitación. Una de ellas es la recolección de firmas (al menos 20% del padrón electoral) para convocar un referéndum por iniciativa popular. Se acordó también que la decisión acerca de la vía que vaya a seguirse se tomará recién dentro de dos años.
No transcurrió ni un mes del congreso masista y, por su cuenta, una fracción partidaria y una organización social afín al oficialismo resolvieron pedir libros al Órgano Electoral para recolectar firmas y así encaminar una nueva consulta sobre el tema. La Conaljuve, tras tomar la determinación en un cabildo, anunció que, previa coordinación con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), continuará el trámite en las siguientes semanas. El MAS le pide esperar que haya una “decisión unánime” al respecto.
La dirección cruceña del MAS, en tanto, de manera precoz y sin mandato orgánico, formalizó la solicitud de libros para firmas. Su carta fue devuelta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no haber cumplido requisitos. Y esto es importante. La norma establece dos filtros para un referéndum por iniciativa popular. El primero es el TSE, que verifica técnicamente la materia y la pregunta de la consulta. El segundo es el Tribunal Constitucional, que controla la constitucionalidad de la consulta.
Ahora bien, evidenciada la impertinencia de impulsar este momento la recolección de firmas para una iniciativa popular de reforma parcial de la Constitución Política, es necesario indagar las condiciones e implicaciones de una nueva consulta en las urnas, si acaso fuese posible, sobre la reelección presidencial; sin contar su costo organizativo. Ello, a reserva del necesario debate, aún pendiente, en torno al efecto vinculante de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.
Por otra parte, más allá de los cálculos políticos del partido en función de Gobierno, y de la reactiva voz de las oposiciones, el país necesita que sus autoridades y representantes, en todos los niveles territoriales del Estado, se concentren en la gestión pública. Está también en agenda prioritaria para este año la impostergable transformación del Órgano Judicial, hoy en crisis terminal. Ya habrá tiempo, el año electoral 2019, para impulsar candidaturas, discutir propuestas y solicitar el voto.
