El lunes, la Fiscalía dio marcha atrás en su intención de exhumar el cadáver del jesuita Luis Espinal Camps, asesinado por paramilitares en marzo de 1980. Ello tras la polémica suscitada por esta medida y, sobre todo, ante la existencia de testimonios y documentos sobre el deceso. Una decisión que arroja más dudas que certezas sobre los pasos que se dan en esta investigación.
Espinal es uno de los símbolos de la lucha por la democracia. Su vida fue segada el 22 de marzo de hace 36 años, cuando la sombra de las dictaduras continuaba asediando al país, tras la mano dura del gobierno de facto de Alberto Natusch Busch y en medio del débil mandato constitucional interino de Lidia Gueiler Tejada. Su cuerpo fue hallado en el camino a Chacaltaya, en La Paz.
El asesinato del misionero español, quien obtuvo la nacionalidad boliviana, volvió a la palestra en septiembre de 2016, tras la acusación de un reo rematado, el coronel (p) Roberto Meleán, en contra de seis exjefes militares que supuestamente planificaron y ejecutaron al director del semanario Aquí.
Meleán está encarcelado por delitos cometidos durante el gobierno golpista de Luis García Meza (1980-1981). Tiene una condena de 30 años sin derecho a indulto y apunta, sobre todo, a Jaime Niño de Guzmán, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), ya que presuntamente Espinal iba a denunciar corrupción en la compra de aviones Hércules.
Esto derivó en que el Ministerio Público desempolve el caso. Y el paso procesal que obtuvo la protesta de activistas y familiares de víctimas de las dictaduras fue la exhumación del jesuita, del Cementerio General, con las premisas de que se verifique si el cadáver es de él y se determine la causa de su fallecimiento, lo cual fue catalogado como un agravio a la memoria del también cineasta.
Sin duda, uno de los alegatos con mayor solidez para la oposición a este acto investigativo es que hay una serie de testimonios y documentos que establecen que Espinal fue secuestrado, torturado y asesinado. La Razón informó que las pruebas de ello fueron documentadas por la División de Homicidios de la extinta Dirección de Investigación Nacional.
Más aún, se precisó que hay al menos 12 informes sobre el deceso. Incluso el forense Rolando Costa Arduz, quien realizó la autopsia en 1980, certificó las penurias de Espinal en sus últimas horas, con la presencia de 17 orificios en su cuerpo, causados por el impacto y la salida de balas.
La suspensión de la exhumación es otra mala señal en esta pesquisa (de inicio criticada por la fuente de la acusación y la orden de la necropsia), ya que admite que no se tomó en cuenta la existencia de estas “pruebas” —causaría extrañeza que no se sepa de éstas o que no se haya podido acceder a ellas—. La Fiscalía debe irradiar seguridad, no así dudas que alimenten polémicas, para de una vez saldar esta deuda pendiente con la memoria histórica del país.
