A solo días del inicio de un nuevo año lectivo, las familias se afanan en preparativos para comenzar con pie derecho la gestión. Pasó la etapa de inscripción —un vía crucis para algunos— y ahora comercios se llenan de gente en busca de material y ropa escolar. Años atrás, y conocida una serie de denuncias sobre la obligatoriedad de adquirir uniformes elaborados por ciertas empresas, las autoridades prohibieron a las unidades educativas privadas exigir el uso de uniformes “de marca”, y a las públicas imponer la compra de atuendos de determinado color.
El caso es que llevar uniforme no siempre resulta contraproducente; si la regla es vestir igual cada día —por supuesto sin que se fuerce a adquirir las prendas de tal o cual tienda—, se pueden obtener hasta dos beneficios: primero, que todos los estudiantes, sin importar su condición económica, luzcan semejantes y sean tratados por igual; y segundo, un ahorro para los padres, pues comprar ropa para el cotidiano representa un presupuesto aparte.
El reto es que el control impida que se lucre con ello, es decir evitar que escuelas, colegios y empresas de marca saquen provecho. Los buenos directores, las directivas y juntas de padres y las propias autoridades tienen la tarea.
