Las recientes medidas de los gobiernos de Estados Unidos y Argentina están desordenando el tablero. En efecto, los gobiernos de estos países están cambiando su política migratoria, al margen del derecho internacional migratorio.
Se trata de gobiernos regresivos como el de Estados Unidos (D. Trump) y ahora Argentina (según declaraciones de su ministra de seguridad, Patricia Bullrich) porque dejaron atrás el artículo 13 de la Declaración Universal de los derechos humanos que en el inciso 1 consagra la libre circulación, el libre tránsito y la elección de residencia en el territorio de un Estado y, en el artículo 2, el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y al regreso.
Ahora, cual chivo expiatorio, acusan a la migración de ser portadora de problemas. Se los ha denominado “delincuentes foráneos” y desde esta mirada intencionalmente parcial y sesgada, no se acuerdan de los grandes aportes que en la actualidad y a lo largo de la historia han realizado los migrantes, coadyuvando en el crecimiento económico, por la vía de la producción de distintas mercancías y servicios en estos países. Definitivamente desde una mirada racista y xenofóbica se criminaliza a los migrantes. Hoy día, la gran inseguridad fundamentalmente económica de los países se la achaca a los migrantes y se olvidaron de considerar a ellos como actores económicos y culturales que impulsan el crecimiento económico y desarrollo en esos países.
La actual inseguridad en estos países es culpabilizada a los extranjeros. De este modo, los grandes temas de la desigualdad, la pobreza y la exclusión y la deficiente capacidad de respuesta de estos gobiernos para resolver los problemas de la gente quedan intactos. Mirada intencionalmente miope atribuyendo la causa del malestar interno y la inseguridad en el enemigo exterior.
Dicen sus portavoces que los migrantes llevan drogas, que son criminales; que exportan pobreza de su propio país, que son ilegales; que quitan los puestos de trabajo; que hacen contrabando y que además imponen gastos cuantiosos en servicios de educación y salud costeadas por el país anfitrión.
Esta política migratoria es xenofóbica y racista. El rígido control migratorio no es para todos los países, en el caso argentino, es para Bolivia, Perú y Paraguay. ¿Acaso no habíamos logrado grandes avances condenando toda discriminación por origen, etnia o nacionalidad? Pero, ¿desde cuándo las leyes nacionales están por encima de las leyes del derecho internacional?
Ante esos hechos regresivos, estos países han empezado a tomar algunas medidas como poner muros porque “una nación sin fronteras no es una nación”, dijo Trump.
Otra medida es el control de frontera porque se asocia a la migración con la narcocriminalidad. La ministra de seguridad de la Argentina inició los controles migratorios para “ordenar las relaciones con Paraguay, Perú y Bolivia”. Ese ordenamiento discriminatorio, racista y xenofóbico se concreta en el rígido control de entrada y expulsión para los que se crea que han cometido delitos.
Como país y como personas conscientes, no debemos quedar en declaraciones rabiosas sino enfrentar las causas de la emigración de bolivianos al exterior. Es muy conocido que el saldo migratorio internacional es negativo. Son muchos más los bolivianos que salen que personas que ingresan. Por tanto, se tiene que trabajar en casa, en franca coherencia y consecuencia con una política de derechos humanos, atacando las causas de la salida de los bolivianos. ¿Cómo?
—Enfrentar el desempleo y sub-empleo (4.4% dicen las estadísticas oficiales). ¿Será así realmente?
—Enfrentar seriamente la producción de la cocaína y narcotráfico. Bolivia es el tercer productor mundial de la hoja de coca. Se sabe que el destino principal de la coca del Chapare es para el narcotráfico.
—Cambiar la Ley No. 370, ley de migración de mayo del 2013, que parece más una ley de extranjería. Ley securitista. De los 12 títulos de la ley, solamente uno de ellos aborda el tema de bolivianos en el exterior.
