Encendida polémica ha desatado el inicio de operaciones de la empresa Uber en La Paz. Se trata de un servicio de transporte privado de pasajeros que omite las tradicionales formas de organización de las empresas y sindicatos de taxis, por lo que el Gobierno Autónomo Municipal y la Policía, a través de Tránsito, han prohibido la prestación del servicio en la ciudad.
La Policía ha informado que nadie puede prestar servicio de transporte de pasajeros en la modalidad de taxi sin contar con la Tarjeta de Identificación de Conductor (TIC), requisito que no es exigido por la compañía que dice representar a la marca en el país. A su vez, el Alcalde ha reclamado que la compañía y sus conductores deben ceñirse a la reglamentación correspondiente.
Para mayor polémica, se ha sabido que quienes aparecen en el registro de Fundempresa como propietarios de la marca en Bolivia no son los mismos que están manejando el negocio, que opera desde noviembre en Santa Cruz de la Sierra y tiene previsto llegar a Cochabamba luego de La Paz.
No es la primera vez que Uber está en el centro del conflicto; de hecho, en la mayor parte de las ciudades donde opera (está presente en 450 urbes de 70 países, 12 de ellas en América Latina), su ingreso ha sido fuertemente resistido por las empresas tradicionales de taxi, precisamente porque se salta las normas habituales y en muchos casos este nuevo modo de prestar el servicio no tiene un marco regulatorio apropiado.
Entre las ventajas de Uber está el que los automóviles de la flota de taxis deben ser aceptablemente nuevos y estar en excelentes condiciones; pero más importante es el hecho de que la localización del coche y de los pasajeros puede ser rastreada vía GPS. En algunas ciudades se ha criticado este extremo porque puede implicar una vulneración a la intimidad de las personas. Entre las desventajas se cuenta, además de lo señalado, que por sus características, el servicio puede omitir la regulación de las autoridades locales, pues los coches ni siquiera necesitan llevar los característicos distintivos de los taxis tradicionales. Asimismo, los precios, que habitualmente son competitivos, están librados a la oferta y demanda, y en ocasiones pueden ser muy altos.
En su primer día de operaciones en la ciudad sede de gobierno, seis conductores fueron multados y las placas de sus coches retiradas; sin embargo, es previsible que en cuestión de semanas la polémica sea superada y la empresa logre convencer a las autoridades municipales y policiales de que no se puede impedir esta innovación.
Hacen bien las autoridades en preocuparse por los posibles problemas que traerá la incursión de Uber en La Paz, pero mejor harían en poner el mismo celo a todos los taxis y radiotaxis que circulan por las calles paceñas, muy a menudo sin cumplir los requisitos que se le exigen a esta nueva empresa.
