La corrupción en América Latina es un cáncer que sigue haciendo metástasis. Son varios los jefes de Estado y centenares los ministros que, en las últimas dos décadas, han sido objeto de investigación por supuesta comisión de diversos delitos. Cada año son más reveladores los movimientos ocultos detrás de los fondos del Estado de “altos servidores” estatales, en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Haití. El alcance de la megacorrupción de Odebrecht, por ejemplo, llega a EEUU e, incluso, a África.
Los mayoría de los casos seguidos han tenido que ver con tráfico de influencias y lavado de activos. Éstos han tenido efectos importantes en la política de cada país, al punto de producir la debacle de gabinetes y de presidentes como Alberto Fujimori, Dilma Rousseff y Otto Pérez Molina. En la última semana, el expresidente peruano Alejandro Toledo (otro caído por Odebrecht) hizo noticia, pues pesa sobre él una orden de captura internacional para que cumpla la decisión judicial de prisión preventiva de 18 meses, mientras es procesado.
Pero, ¿acaso el centralismo imperante impide ver a los latinoamericanos que la corrupción no solo campea en sus ciudades capitales y en las altas esferas sino también en los municipios, provincias y en los departamentos o regiones? ¿Un acto de corrupción que involucra la pérdida de 3.000 soles, pesos o dólares es tan minucia que no merece mayor atención? No por su ubicación y sus montos estos casos son menos trascendentes, lo que interesa no es el monto apropiado sino la descomposición del poder político y burocrático y la tolerancia social a la corrupción en nuestros países.
Casos como Lava Jato, Odebrecht, Caval, Petrobras, Dólar Futuro, Panama Papers, petroaudios, PDVSA, Fondo Indígena, CAMC y otros ocupan espacios en la prensa nacional e internacional y como en el sistemático desfalco en la mayoría de los Municipios y Gobernaciones, debieran tener un impacto inmediato de responsabilidad política, judicial y social. No obstante, esto no ocurre debido al declive de la institución contralora, de fiscalización y la inexistencia de una ciudadanía activa.
Aunque se han desarrollado investigaciones, en cada caso, no conocemos el núcleo ético de las gestiones de los respectivos gobiernos nacionales, departamentales y provinciales, en la medida en que sus actitudes no se han ajustado a las de servidores que combaten la corrupción; por el contrario, se ha apreciado empeño en “tapar los casos”, obstruyendo y ocultando información. Peor aún, muchos han terminado enjuiciando a la prensa o a los que denunciaron. Sus enemigos no son el entorno corrupto, los saqueadores del Estado o los traidores del pueblo sino aquellos que investigan y buscan la verdad. Olvidan que la prensa tiene como una de sus funciones esenciales descubrir los manejos a la sombra, colocarlos a la luz de la opinión pública y opinar sobre ellos.
En esa perspectiva, son los sistemas de Justicia, que comprenden a los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, los que no deben optar por la mordaza o la pasividad, y basar sus decisiones en coherencia con su función de “hacer justicia” y con la colaboración del periodismo: que trabajan por la verdad y el control al poder.
* es director Ejecutivo de la Fundación Buen Gobierno.
