Tras la denuncia de una menor de edad, la Policía destapó una red de tratantes que captaba a sus víctimas, adolescentes y jóvenes, en Santa Cruz para explotarlas en el municipio aurífero de Tipuani, en La Paz. Es un caso que levanta un abanico de sospechas. Primero, la acusada de ser la cabecilla de la banda criminal fue beneficiada por la jueza con detención domiciliaria, pero en uno de sus locales de diversión. Segundo, los cuatro investigadores denunciaron que, misteriosamente, iban a ser cambiados de destino, lo cual requirió de la intervención de una concejala que habló con el Comandante General.
Este medio publicó también que la involucrada tiene otras cinco denuncias similares desde 2003, las cuales quedaron en nada. Ante ello se armó una comisión de fiscales, para desentrañar los tentáculos de esta organización delictiva. El Gobierno recurrirá al Consejo de la Magistratura para verificar si la decisión judicial, que liberó a la mujer del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, se ajusta a derecho. Y eso no es todo, ya que recién se reveló que la implicada presentó un papel firmado por un abogado que no figura en ningún registro público de estos profesionales. Sin duda son elementos que levantan muchas dudas, que deben ser esclarecidas.
