América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde, desde hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente para erradicar la discriminación y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.
Desde la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en La Habana en 1977, la región ha transitado años de cambios en lo político, lo económico, lo social y en lo cultural, que han significado avances para las mujeres en la región, pero que también han mostrado la persistencia de las desigualdades.
La meta de desarrollo sostenible con igualdad de género, nacida a partir de la sinergia entre la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030, nos lleva a enfocar la mirada y la acción en los nudos estructurales de la desigualdad de nuestras sociedades.
Pensamos, en primer lugar, en la desigualdad socioeconómica y la pobreza y en la necesaria transformación del modelo de desarrollo imperante hacia uno que incorpore nuevos patrones de producción y consumo sostenible, de redistribución de la riqueza, del ingreso y del tiempo.
En América Latina y el Caribe, 78,1% de las mujeres que están ocupadas lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, menor contacto con las tecnologías y la innovación y en muchos casos empleos de baja calidad.
El mercado laboral es la llave maestra para la igualdad y desde allí es desde donde la redistribución de ingresos, pero también la garantía de derechos, se hace efectiva. Los países de la región han aumentado la proporción de mujeres en el mercado del trabajo, sin embargo, en los últimos 10 años la tasa de actividad femenina en la región se ha estancado en el entorno de 53%, denunciando un techo en la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.
En sus últimos estudios, la CEPAL ha demostrado que el aumento de la mano de obra femenina disponible e inserta en el mercado contribuiría a la reducción de la pobreza en la región con casos paradigmáticos como el de El Salvador donde la pobreza se podría reducir hasta en 12% de contar con ingresos laborales para las mujeres.
En la región, la proporción de mujeres sin ingresos propios asciende a 30% aproximadamente, es decir, una de cada tres mujeres en América Latina y el Caribe aún no tiene una fuente propia de ingresos.
A esto se suma que 26% de las mujeres mayores de 15 años de edad reciben menos de un salario mínimo.
Propuestas como la renta básica universal o la regulación y fiscalización del salario mínimo en determinados sectores altamente feminizados que hoy no tienen amparo legal alguno, son herramientas que permitirían ampliar y mejorar el acceso de las mujeres a ingresos.
Respecto al uso del tiempo, las cifras revelan que si el trabajo doméstico y de cuidados que se realizan en forma no remunerada tuviera precios de mercado, aproximadamente un quinto de la riqueza que hoy se contabiliza en las cuentas nacionales estaría siendo producida en los hogares, principalmente por las mujeres.
En octubre de 2016, los gobiernos de la región, reunidos en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer, alcanzaron un acuerdo para implementar la Estrategia de Montevideo y responder al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Esta sinergia nos plantea el desa-fío de implementar la igualdad de género como elemento fundamental, protagónico y transversal a todas las políticas públicas con miras al cumplimiento de la Agenda 2030.
Llegó el momento de abrir camino a la paridad en todas sus formas y escenarios, de respetar y mirar a las mujeres más allá de nuestro género, por todas nuestras capacidades, por nuestra mirada integral de la vida y por nuestra lucha constante por la construcción de una sociedad más justa no solo para todas sino también para todos.
