Resulta llamativa la cantidad de sectores desde los que se establecen posiciones en torno al debate sobre el aborto. Al respecto, no debería extrañarnos que una gran parte de la población se manifieste sobre este tema, toda vez que se trata de algo que gran parte de nuestra población conoce de primera y segunda mano. Pues el embarazo no deseado, el embarazo adolescente, la violencia contra la mujer (concretamente la violación), entre otras varias condiciones que hacen de un embarazo una situación no deseada para una mujer son, a no negarlo, escenarios dolorosamente cotidianos en nuestro país.
Lo decía Lourdes Montero en una columna en este mismo periódico, se habla de “185 abortos por día, que reflejan que de cada 100 embarazos, al menos 19 son interrumpidos”. El dato es claro: el aborto, hoy penalizado, no ha dejado de ocurrir por esta condición que el Estado le ha otorgado. Además, se sabe, el aborto también ha sido de forma histórica resistido moralmente por las iglesias (principalmente por la Católica), pero no por ello ha dejado de ocurrir entre católicas y quienes no lo son.
Así, no resulta tan difícil pensar que todos los esfuerzos legales del Estado y morales de las iglesias han fracasado ante una realidad que permea la cotidianidad de las bolivianas. Si se quiere hablar de resultados, el hecho de haber logrado estigmatizar el aborto lo único que ha logrado es clandestinizarlo.
Apuntaba Fernando Molina, haciendo referencia a un dato del Ministerio de Salud de 2011, que en aquel año “538 mujeres murieron por complicaciones del embarazo y el parto. De ellas, el 14% tenía entre 14 y 19 años. Un escalofriante 70% era indígena”. Y estas muertes, huelga decirlo, fueron de aquellas mujeres que alcanzaron, al final de sus vidas, a llegar al sistema de salud para devenir en cifra. Varias otras no lo hicieron.
Si algo bueno trajo la atropellada consideración de una acción de constitucionalidad presentada por una diputada del MAS en 2013 y que mantuvo este debate durante varios meses es haber puesto el tema sobre la mesa, con un resultado parcial pero resultado al fin. En ese entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) eliminó un requisito que burocratizaba la urgencia sobre abortos no penalizados. Luego, en los últimos días, la sociedad ha tomado conocimiento de la intención, en el marco de un proyecto de un nuevo Código Penal, de ampliar las causales para la realización de un aborto, y nuevamente el tema ha devenido a convertirse en centro del debate desde varios sectores, la mayoría con posturas en clave de trinchera al respecto.
Así, todo lo ya generado en la actualidad, a pesar de no ser el ideal (ni para unos ni otras), puede ser capitalizado en esta lucha larga. Si bien algunas de las causales están sujetas a muchas condiciones y mediciones de tipo subjetivo (la más polémica, de pobreza extrema, por ejemplo), lo cierto es que apoyar la inserción de tales consideraciones en un cuerpo de Código Penal va abriendo, de a poco, la larga senda que aún faltaría por transitar para garantizar que, en nuestro país, la mortalidad materna por abortos clandestinos deje de ser una dolorosa cifra que —medidas, debates y polémicas más o menos— continúa incrementándose al día en que usted está leyendo este artículo.
