Resulta frustrante hablar del sector minero nacional en los tiempos que corren, peor aún en una columna que por años se ocupa del tema, con miras a contribuir al debate sobre el desarrollo de esta actividad tan venida a menos, pero vital para los intereses del país y de los operadores; el no hacerlo sería más frustrante aún.
La actividad hoy se mueve al impulso inercial de la heredad neoliberal y sus grandes y medianos proyectos (San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente, etc.); de los elefantes blancos y las viejas minas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol): Mutún, Corocoro, Huanuni, Colquiri, Karachipampa, etc.; de atisbos de diversificación que no acaban de nacer: el litio y el potasio del Salar de Uyuni, el indio de Mallku Khota, la siderurgia y la refinación de metales base, etc. En este contexto, todo lo que luce medianamente interesante, como es el caso del litio, sale de la esfera de Comibol (que históricamente representa al país y al pueblo boliviano); para encallar en nuevas entidades públicas burocráticas como la recientemente anunciada entelequia Yacimientos de Litio Bolivianos (o algo así), que pretende manejar no solo la minería, sino también la industria del litio (supongo que también la del potasio, boro, sodio y de otras sales complejas que adornan aquellas blancas planicies salinas altiplánicas).
Paralelamente, hay un subsector que crece sin prisa, pero sin pausa, la minería informal, que ya tiene carta de ciudadanía en casi todos los departamentos del país y que tiene que ver con la cadena minería-manufactura-joyería-comercialización (y en algún caso, contrabando) de oro y derivados. Esta cadena ya significa cerca del 12% del valor total de las exportaciones del país, y pese a la caída del precio del oro en el último tiempo, representó un movimiento anual de más de $us 800 millones en la gestión pasada (según datos de RES_ 2017_3 del INE) y que con los mejores precios de los años anteriores llegó hasta $us 1.300 millones. ¿Qué está pasando en el país? ¿Esta es la estructura del sector que queremos?
Solo la extracción de minerales representa el 26% del valor de las exportaciones nacionales, más el valor de los productos metálicos y lo que se consigna como manufactura y joyería, este valor se incrementa a un 43,3%, según los datos mencionados (¡casi la mitad del valor de las exportaciones del país!). Y lo manejamos con un desprecio casi irreverente, con salidas coyunturales, tratando a la estatal minera con la punta del zapato, quitándole atribuciones y patrimonio para aumentar la burocracia estatal en el sector y fuera de él. No puede ser. Se puede decir que ya no tenemos presencia internacional y las estadísticas mineras más allá de las fronteras casi nos ignoran; somos una curiosidad como estructura productiva minera.
Nuevas inversiones no llegan ni lo harán si mantenemos las reglas tributarias y de tratamiento a las inversiones. No habrá nuevos proyectos mineros si ignoramos al capital privado nacional y extranjero como el motor adicional que todo Estado necesita para el desarrollo del sector.
Mucha agua pasó bajo el puente desde la aprobación de la Ley 535 (de Minería y Metalurgia), y está demostrado que no funciona para desarrollar una minería moderna de cánones de talla internacional, ni para empoderar a la estatal minera Comibol, que era el postulado principal de la actual administración de gobierno. Solo nos deja a merced de las veleidades típicas de la informalidad campante. Este panorama deja muy poco para el optimismo, pero esta columna será siempre un baluarte desde donde se luchará siempre por un futuro mejor para la minería nacional.
