Las historias se repiten con preocupante frecuencia: mujeres jóvenes son internadas inconscientes en hospedajes sin que los recepcionistas pregunten siquiera por qué están así; quienes las llevan solo tienen que pagar la tarifa por el hospedaje. Dos mujeres violadas y una asesinada son las más recientes víctimas de esta situación, de la que nadie se hace cargo.
En efecto, solo en febrero una mujer de 18 años y otra, de 22 años, fueron internadas en sendos alojamientos de La Paz en estado de inconsciencia para ser violadas sin que nadie hiciera algo por impedirlo. Ese mismo mes, una mujer de 39 años fue asesinada en un hospedaje de El Alto. En los tres casos, uno de tantos factores comunes fue la falta de atención de la persona encargada de registrar a los ocasionales huéspedes. Y precisamente por la falta de controles, según la ONG Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (Cecasem), este tipo de establecimientos son empleados para la captación y la trata y tráfico de personas, además de servir, en algunos casos, como lenocinios clandestinos.
Hace un año, La Razón publicó un reportaje denunciando la inseguridad en los alojamientos de la ciudad. Entonces la Gobernación de La Paz anunció que estaba en trámite un anteproyecto de ley departamental de turismo, que a la fecha sigue sin haber sido concluido, pese a que la Ley General del Turismo Bolivia Te Espera indica claramente que corresponde a los gobiernos departamentales autorizar y controlar este tipo de establecimientos.
Al respecto, el responsable de Control y Fiscalización de Operadores Turísticos y Hospedajes de la Gobernación paceña reconoce que “la políticas internas de un alojamiento son netamente empresariales”, añadiendo que “hay mucho desorden en el ingreso y salida de los hospedados” y que “no hay una normativa que regule esto”. A su vez, el Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) afirma que la Policía solo brinda apoyo en los operativos que realizan la Gobernación y las municipalidades, pues “son ellos los encargados de controlar los alojamientos”.
Una somera revisión a casos similares a los señalados más arriba demuestra que el problema no es de reciente data y que hasta ahora solo se conoce de un caso en el que la persona encargada de la recepción hubiera recibido una sanción penal por haber sido considerada cómplice del delito al no haber hecho una denuncia oportuna.
Todos los elementos muestran indolencia de parte de quienes administran los alojamientos y una completa falta de atención de parte de las autoridades, que debieran hacer más para prevenir este tipo de delitos que afectan sensiblemente a la seguridad ciudadana. Urge, pues, que se haga más para evitar que los alojamientos sigan siendo “tierra de nadie”, donde es posible cometer gravísimos delitos.
