El aborto es una problemática con innumerables aristas, pero en el fondo es un asunto de moral ordinaria, que no de leyes. Una de estas aristas, la más chocante y perversa, es la contradicción entre las normas y las prácticas privadas, entre lo oficial y lo oficioso. Como se sabe, la esfera oficial es solemne, pública y siempre postula fines éticos; en cambio, lo oficioso es vergonzante, oscuro, clandestino.
El aborto es una cuestión de Estado (y por tanto excede a la buena o mala voluntad de los gobiernos del MAS) porque está penalizado por una ley y porque existen instituciones públicas (los tribunales, la Policía) supuestamente encargadas de castigar las infracciones. Es además parte de una moral pública que el Estado cauciona y legitima, supuestamente. Pero, a pesar de la ley y la moral (y tal vez a causa de ellas), las personas, las mujeres, lo practican permanentemente, en el secreto, en la sombra, en la esfera oficiosa.
La consecuencia de esta contradicción es el fracaso absoluto de la penalización del aborto. Se calcula que en Francia, entre 1930 y 1950 se realizaron entre 60.000 y 80.000 abortos clandestinos. Otro dato: se estima que en Bolivia 700 mujeres mueren al año como consecuencia de malas prácticas de aborto. En todo el mundo, cada año, esa cifra alcanza a 47.000 mujeres. En suma, a medida que los Estados despliegan esfuerzos para hacer cumplir la ley, las prácticas oficiosas se brutalizan, se vuelven cada vez más peligrosas y violentas.
Los discursos de los expertos, de las instituciones religiosas o de creyentes en el “principio de la vida” son perfectamente indiferentes para las mujeres que toman la decisión de abortar. Y es que por su propia naturaleza (si así se puede decir) es imposible penalizar esta práctica de manera absoluta.
Desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en los países europeos la penalización del aborto respondió a una política de “higiene social”, destinada a favorecer el crecimiento poblacional y a controlar las malas prácticas médicas. No obstante, el carácter oficial del aborto, su penalización, es parte del proyecto del Estado de racionalizar y controlar la sociedad para disciplinar los cuerpos y expandir el ámbito de su autoridad. En el caso boliviano, la posición punitiva del Estado, aun hoy, revela la enorme influencia de las iglesias en la moral pública y su injerencia en las instituciones estatales.
Para salvar esa contradicción es necesario que desaparezca la figura del aborto y sus sombras. No basta la despenalización total, es también necesaria su legalización: esta práctica debe ser reconocida como un derecho. Pero estas reformas jurídicas solo podrán ser aplicadas cuando el sentido común acepte el aborto con base en principios incuestionables y de validez general; cuando las prácticas jurídicas se amalgamen con la moral ordinaria. La moral de las personas.
