Desde 1879, las relaciones entre Bolivia y Chile han sido malas. Razones no faltan: lo sucedido desde de la invasión de Calama hasta la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1904 es motivo suficiente para que ambos países guarden distancias. Sin embargo, es posible que nunca antes como ahora el Estado chileno haya hecho tantos méritos para empeorar la situación.
En efecto, en las últimas semanas el Gobierno del país vecino parece haberse embarcado en una cruzada antiboliviana de peligrosas consecuencias, al haber ejecutado una serie de actos inamistosos que hablan muy mal de su pretendida vocación de diálogo. Entre otros, se puede señalar como actos inamistosos el arresto y posible juzgamiento de un grupo de funcionarios de la Aduana Nacional y del Ejército, supuestamente por haber traspasado la frontera en el ejercicio de sus tareas de lucha contra el contrabando.
Desde Bolivia se afirma que el arresto fue realizado en territorio boliviano y que los carabineros chilenos protegían a contrabandistas de ese país, que empleaban caminos de herradura para burlar los controles fronterizos. En Chile la versión es diametralmente opuesta, pues se afirma que los bolivianos pretendían secuestrar la mercadería que transportaba un honrado camionero chileno. Sería bueno poder decir que la Justicia hallará la verdad, pero es poco probable que así sea.
Si este caso, que vulnera tratados bilaterales, no fuera suficiente prueba de la animadversión del Estado chileno, días atrás dos periodistas bolivianos fueron impedidos de entrar a Chile porque no tenían permiso para desarrollar su trabajo de reportería; en la ocasión se les exigió firmar una declaración renunciando a hacer su trabajo a cambio de ingresar a su territorio. Días después, otro grupo boliviano, que viajaba invitado por una empresa del vecino país, tuvo que afrontar idéntica humillación en el aeropuerto de Santiago.
Finalmente, puede señalarse la negativa de conceder visa de ingreso al Ministro de Defensa boliviano, supuestamente por haberse pronunciado en contra de las importaciones chilenas al país. En este caso, es fácil imaginar el temor que siente el Gobierno chileno de que la autoridad boliviana haga algún tipo de proselitismo aprovechando el impasse de los aduaneros, lo cual, por razonable que parezca desde el punto de vista de la gestión política interna, es un error desde las relaciones internacionales.
Las razones para este inapropiado comportamiento son varias, desde el hecho de que cuando ocurrieron las agresiones Bolivia estaba presentando su réplica en la Corte Internacional de Justicia, hasta la baja aceptación del Gobierno que reflejan las encuestas en Chile. Es, pues, deseable que la Cancillería chilena haga un ejercicio de reflexión y reconozca que estas pequeñas agresiones son equivalentes a echar gasolina al fuego, amén de mostrarlos como un mal vecino.
