Esta semana, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha iniciado una serie de audiencias públicas para discutir el proyecto de ley del Código del Sistema Penal, específicamente respecto al artículo 157, referido al aborto impune. Organizaciones de la sociedad civil han hecho conocer sus posiciones al respecto, lo cual aporta elementos para una decisión fundamentada.
En efecto, el lunes se produjo la primera de dichas sesiones, en la cual participaron los miembros de la plataforma Pro Vida, cuyos representantes (entre médicos, abogados y católicos) expusieron argumentos sobre su oposición al aborto. El argumento de fondo empleado se puede resumir en que la ley debería proteger al embrión porque es el potencial de la vida humana, que comienza a partir de la concepción. En un exceso retórico, uno de los participantes llegó a afirmar que el proyecto estaría “impulsando a cometer un genocidio desde el vientre”. En la misma línea, el presidente del Colegio Médico de Bolivia afirmó que esa entidad tiene 27.000 afiliados en el país y que todos rechazan la práctica del aborto porque va contra su juramento de preservar la vida.
A su vez, una de las activistas de Pro Vida recordó que el sistema sanitario del país es uno de los peores del planeta, y que la atención médica nacional es de muy mala calidad. “Bolivia es un lugar de peligro para estar embarazada; es peligroso para una mujer embarazarse, esa es nuestra realidad”, dijo, afirmando de este modo, tal vez sin quererlo, los argumentos que abonan a la idea de ampliar las causales para el aborto impune.
Al día siguiente fue el turno de los activistas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, quienes demandaron a los senadores y diputados que “legislen basados en la realidad”, vinculada a la muerte de mujeres por abortos inseguros y en la clandestinidad; y que se realice un debate al margen de las posiciones morales y religiosas, porque además Bolivia se reconoce como un Estado laico.
Una de las expositoras aseguró que “el aborto no es un método de planificación familiar, es una realidad en la vida de las mujeres”. Mientras que otra, abogada especialista en derechos humanos, acotó que la “penalización del aborto genera persecución, estigmatización y un oneroso mercado clandestino”.
En la misma sesión, la Ministra de Salud informó que la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia está vinculada a la práctica de abortos clandestinos en condiciones de extremo riesgo.
Como los señalados, hubo muchos otros argumentos a favor y en contra. Sin embargo, es deseable que prevalezca la posición racional en desmedro de las posiciones basadas en la moralidad y la religión, pues es evidente que lo que se busca no es “despenalizar” el aborto, sino simplemente evitar que las mujeres, además de tener que afrontar la tragedia personal que esta práctica significa, sean perseguidas por la Justicia.
