El debate que hoy genera el aborto en Bolivia, a título de la elaboración del nuevo Código Penal, revela cuán lejos estamos las mujeres de gozar plenamente nuestros derechos. Al parecer, la “tutela” sobre nuestros cuerpos es todavía un tema pendiente, siendo con seguridad el nudo gordiano del patriarcado, donde se funda la dominación y exclusión. Para la reflexión comento dos temas: ¿por qué debemos justificar nuestros derechos?, y sobre el “aborto impune”.
Desde que iniciamos la conquista de la equidad de género en el mundo, las mujeres hemos realizado esfuerzos por demostrar que necesitamos el reconocimiento de derechos que debieran estar garantizados solo por el hecho de ser humanas. Estas últimas semanas asistimos a un fuego cruzado de argumentaciones, entre feministas, mujeres y personas que se oponen a los derechos en favor nuestro. Estos últimos intentan convencer a la sociedad de que la maternidad (no embarazo) es un hecho natural, instintivo e irrenunciable. Algo así como la barba o la calvicie, generando una confusión absoluta entre embarazo y maternidad, lo social y lo natural, aludiendo groseramente a ciencia y fe.
A su vez, diversas mujeres y movimientos feministas han presentado argumentaciones respaldadas en la muerte de mujeres por abortos clandestinos. Tarea compleja por la inexistencia de registros nacionales en este asunto, de allí que se deban realizar aproximaciones, proyecciones. El sistema de salud registra datos parciales, así como un dato oculto en hemorragias; para lograr mayores niveles de certeza se recuperan testimonios de féminas que abortaron y problemas que enfrentaron; y se identifican millones de razones que “respaldan” tal decisión. Lo cierto es que siempre debemos justificar el reconocimiento del derecho.
La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra la libertad y la igualdad como derechos inalienables; pero debemos buscar datos de muertes, orfandad, baja productividad, etc., justificando el reconocimiento de un derecho. Lo vemos en la política, en la economía y en todas las áreas de la vida. Pareciera que quiénes legislan se preguntan: ¿serán capaces?, ¿podrán manejar este derecho?, poniendo en evidencia el tutelaje del Estado patriarcal, de ayer y de hoy, sobre las mujeres.
La despenalización del aborto solo debe responder al derecho que tenemos las mujeres a la libertad (de pensamiento y acción), igualdad en derechos y a la toma de decisiones sobre nuestros cuerpos. En tal sentido, las mujeres no debiéramos demostrar cuán eficientes podemos ser en política, cuán productivas, buenas gerentes, etc.; pues nada de esto se demanda a los hombres, el mundo público es su dominio solo por su condición de humanos/ hombres.
El aborto impune supone una pequeña conquista, pero refuerza la idea de derechos “a medias”, el no derecho, el tutelaje del Estado patriarcal, pues toma decisión sobre nuestro cuerpo. Definir a la pobreza como causal para interrumpir el embarazo destruye el principio del derecho, pues se trata de un factor externo a la condición de ser mujer; y se agrava cuando se aprueba solo por una vez, pues lleva a extremos de políticas como la registrada en Rusia en febrero 2017, que permite la violencia contra las mujeres solo una vez al año. Es decir, se trata de algún grado de “benevolencia”, o de actuar sobre aquello que causa malestar social y no del reconocimiento de derechos.
Penalizar el aborto, incluso de manera parcial, devela déficits democráticos, pues la democracia debe reconocer la libertad y la igualdad a las familia desde el sistema político, en tanto debe impulsar la construcción de acuerdos entre iguales en derechos. Esto será posible cuando se reconozca a las mujeres como sujetas de derechos plenos, y no como mujeres tuteladas, solo humanas con derechos.
