A seis meses de la segunda elección de autoridades del Órgano Judicial, el tema comienza a acaparar el debate público, pues esta vez el país entero estará pendiente del proceso, habida cuenta de la no tan exitosa experiencia derivada del primer intento de elegir jueces, tribunos y vocales por elección popular. El debate gira en torno a la selección de candidatos.
En efecto, y continuando con lo señalado el martes en este mismo espacio, cabe señalar que, una vez allanada la fecha de elección, asunto que podría calificarse de mero trámite (pues el Órgano Electoral debe convocar a dicho verificativo cumpliendo los plazos determinados en la ley), lo que sigue es convocar a los candidatos, que previsiblemente serán varios cientos, para luego seleccionar a quienes cumplan con los requisitos para poder ser electos.
La experiencia de 2011, cuando entre muchos otros aspectos problemáticos se evidenció que era casi imposible para el electorado conocer a las y los candidatos (además, por supuesto, de aquellos ya dotados de notoriedad pública), enseña que el proceso de selección para aparecer en la papeleta de sufragio debe ser mucho más riguroso que entonces, y sobre todo que deben desaparecer criterios como la adscripción a uno u otro partido o la pertenencia a alguna comunidad étnica.
En ese sentido, la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de las instancias correspondientes, tiene hasta fin de este mes para aprobar un Reglamento de Evaluación y Calificación Meritocrática para la preselección de candidatos a los tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo de Justicia y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura.
Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores han explicado que el proceso de selección de candidatos y candidatas pasa por tener un conjunto de criterios técnicos (meritocracia asociada a la formación y experiencia profesionales en el ámbito de derecho y la administración de justicia) que será avalado por académicos del derecho, a ser designados por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en calidad de asesores de las y los legisladores.
Agregó la presidenta de Diputados que la labor de estos profesionales de la academia será técnica, de calificación, para que las notas que emitan sean consideradas por el Legislativo. A su vez, el presidente de Senadores añadió que, dado que las universidades tienen práctica cotidiana en la calificación de docentes y estudiantes, es natural pensar que allí están quienes mejores competencias poseen para esta labor.
Al parecer existe consenso sobre los numerosos criterios meritocráticos, académicos y profesionales que servirán para la selección de las y los postulantes. Toca ahora poner en marcha una delicada maquinaria que sea capaz de seleccionar a las personas más calificadas para ejercer como autoridades del Órgano Judicial.
