La pornografía infantil a través del internet nos parecía un peligro lejano que se daba fuera de nuestro país, una enfermedad foránea, cuya existencia se conocía a través del cine o las noticias ajenas a nuestra sociedad. Sin embargo, hoy la amenaza deja de ser tal y se convierte en una realidad que sucede en nuestras casas, a través del celular, la computadora o la tableta. El 18 de abril cayó una banda internacional que distribuía pornografía infantil a través de WhatsApp; las víctimas tenían entre dos meses y 8 años. Se detuvieron a 39 personas de nueve nacionalidades distintas, entre europeas y latinoamericanas. Tres de ellos eran bolivianos. Operaban con 96 grupos, entre los que distribuyeron cerca de 360.000 archivos de fotografías y videos.
Si revisamos los celulares de adolescentes, no sería extraño encontrarnos con al menos una invitación sospechosa a la que los chicos sin malicia acceden por curiosidad, atraídos por el sinfín de artimañas que urden quienes delinquen detrás de las redes sociales, amparados en el anonimato y el encandilamiento de Facebook, Instagram o WhatsApp. Con impotencia, muchos adultos optan por prohibir el uso de los aparatos tecnológicos como la única arma que encuentran para combatir el peligro con el que se enfrentan los niños y adolescentes.
Entre Facebook y WhatsApp hay 2.500 millones de usuarios que están conectados sin límite de tiempo ni espacio. Así, desde una remota comunidad del Chaco boliviano un usuario puede establecer contacto con alguien de Myanmar, sin que medien fronteras, salvando con el traductor la barrera del idioma, y donde no existe el obstáculo de las 12 horas de uso horario que los separan.
Valiéndose de estas características informáticas, el cibercrimen no opera únicamente en un país, se trata de redes internacionales que no tienen fronteras y que actúan en el anonimato. Combatirlo requiere que los países también se desempeñen de forma global. Lo que les obliga a elaborar una normativa multinacional acorde con la realidad tecnológica, como lo está demostrando el Grupo de Acción contra el Cibercrimen (JCAT) con sede en La Haya, quienes vienen operando desde 2014 para combatir los delitos que se cometen simultáneamente en un sinnúmero de países de distintos continentes.
Ante esta realidad, combatir los delitos que se articulan por las redes sociales requiere que el país elabore una legislación acorde con las características de globalización que tienen los cibercrímenes, como concluyó en octubre de 2015 la reunión de fiscales iberoamericanos realizada en Santa Cruz, y sobre todo establecer convenios y acuerdos internacionales para no convertirnos en un centro de vulnerabilidad cibernética a nivel global.
* es periodista.
