El 1 de mayo, el Gobierno decretó el incremento del 7% al salario básico y 10,8% al salario mínimo nacional para los sectores público y privado, porcentajes que acordó con la Central Obrera Boliviana (COB) sin la participación del sector privado. Dichos incrementos deben ser pagados con retroactividad a enero hasta el 31 de mayo. Las gobernaciones y las alcaldías podrán fijar el incremento salarial en hasta el 7% según su disponibilidad y sostenibilidad financiera, y en las empresas públicas el incremento dependerá de su situación financiera.
Uno de los argumentos planteados por el Gobierno para justificar el incremento salarial es que la situación internacional está mejorando, lo que permitiría al país mejorar sus rentas y alcanzar uno de los mejores crecimientos entre las naciones de la región. El pasado año, debido a la caída de los precios de las materias primas, la economía registró un crecimiento del 4,3%, el más bajo de los últimos cinco años; y para la presente gestión el Gobierno ha proyectado un crecimiento mayor al 4,8%, pero de todas maneras inferior al registrado en el periodo 2011-2015; aunque diversos organismos como el FMI y la CEPAL proyectan un crecimiento más cercano al 4%.
Si bien los precios de algunas materias primas se han recuperado, principalmente agrícolas y mineras, el precio del petróleo WTI que se utiliza como referencia para las exportaciones de gas ha registrado un comportamiento muy volátil en lo que va del año, oscilando entre los $us 45 y $us 53 el barril, situándose en la semana que concluye en torno a los $us 46. A la volatilidad del precio del petróleo se añade los menores volúmenes de gas que Brasil viene demandando, y las dudas que han surgido en los últimos días sobre la posibilidad de atender la demanda de gas de Argentina; factores que podrían afectar la tasa de crecimiento proyectada por el Gobierno para la presente gestión, así como la anhelada mejora de las rentas que percibe el país por las exportaciones de gas.
Frente a este incierto escenario, la posibilidad de que las gobernaciones, municipalidades y empresas públicas deficitarias puedan, de acuerdo con su disponibilidad y sostenibilidad financiera, no aplicar el incremento salarial es sin duda una decisión prudente. Sin embargo, las empresas privadas formales, aquellas que cumplen con sus obligaciones sociales y fiscales y que están enfrentando una caída en sus ingresos debido al menor crecimiento y la competencia de productos importados legal e ilegalmente más baratos, no podrán ejercer su derecho a actuar con prudencia, a fin de asegurar su sostenibilidad y mantener así los empleos existentes.
En un contexto en el que los productos importados resultan más baratos que los nacionales, es altamente probable que una buena parte del incremento salarial decretado se destine a la compra de bienes importados, lo que podría acentuar el déficit comercial y la reducción de las reservas internacionales. Cabe mencionar que en el primer trimestre del año el déficit comercial fue un 41% superior al registrado en el primer trimestre de 2016.
La situación resulta más preocupante si se considera que normativamente las instituciones financieras deben prestar prioritariamente los ahorros del público a las empresas del sector productivo, justamente aquellas cuyos ingresos se han reducido y sobre las que recaen los mayores costos salariales; situación que pone en peligro su sostenibilidad y capacidad para honrar los financiamientos que les han sido otorgados.
