La semana pasada, el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, sugirió, a título personal, la opción del referéndum frente al debate abierto sobre las causales del aborto legal, planteado en el proyecto del Código del Sistema Penal. Con esto, el ministro une su voz a la Plataforma por la Vida y a diferentes iglesias que rechazan la iniciativa, desconociendo que una propuesta que garantiza derechos y se ajusta a una sentencia constitucional no puede ser sometida a referéndum.
Vivimos en una sociedad donde prima la ideología machista, y si el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres se hubiera sometido a referéndum, todavía estaríamos discutiendo si merecemos votar en elecciones. Así como los derechos humanos no se negocian, tampoco la salud pública se somete a votación, ya que el derecho a la vida no es algo que la ciudadanía deba otorgar, es algo que el Estado tiene que garantizar.
Esta posición personal de quien lidera, desde el Ministerio de Justicia, la defensa de los derechos de las mujeres es incoherente con los diversos argumentos y estadísticas sobre salud pública y derechos humanos que sus colegas de los órganos Ejecutivo y Legislativo han estado compartiendo durante el último mes. ¿Es que acaso el ministro no tiene acceso a las alarmantes cifras nacionales que hablan de que el 13% de las muertes maternas son producto de un aborto mal practicado? Tal vez el ministro no sabe que Bolivia es el segundo país en América Latina, después de Haití, en altos índices de muerte materna.
El mismo presidente Evo Morales, en su informe al país, reconoció que una de las principales debilidades de su gobierno es la elevada tasa de mortalidad materna y convocó: “(…) quisiera que la gente que conoce y tiene mucho sentimiento social proponga una propuesta para reducir o acabar con la mortalidad materna, duele mucho, es el segundo lugar en América Latina”. Sin duda la propuesta del Código Penal es una respuesta del Órgano Legislativo a esta convocatoria. En Bolivia, los datos de mortalidad materna son de 160 por 100.000 nacidos vivos. En términos comparativos, Uruguay se erige en la región como el país con la menor tasa de muerte materna, con solo 15 decesos por cada 100.000 nacidos vivos. Ese país, junto a Cuba, ciudad de México y Puerto Rico, ha demostrado que la despenalización de aborto influye directamente en la reducción de las tasas de mortalidad materna.
La penalización del aborto viola los derechos humanos, ya que vulnera el derecho a la autonomía personal de la mujer embarazada, a su derecho a la salud e integridad física, viola su libertad de culto y, sobre todo, imposibilita una vida digna y autorreferencial; todos valores previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se refiere a la libertad de todas las personas de elegir su proyecto de vida, sin injerencias de ningún tipo, especialmente de aquellas provenientes del Estado. El acceso al aborto seguro y legal, junto con el acceso a métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y educación sexual integral, es un componente esencial de una política eficaz de salud pública que defiende la vida.
Por último, ningún ministro de Justicia puede hablar a título personal; los representantes públicos defienden intereses públicos y, por tanto, su voz no puede ser portadora de ideas propias o creencias religiosas. Un ministro de Justicia debe ante todo cumplir su mandato de garantizar los derechos humanos de las personas, para ello ha sido designado en el cargo.
