Días atrás se anunció la creación del Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en Materia de Derechos Humanos, que se incorpora a la estructura institucional, mediante una norma promulgada el 3 de mayo que modifica dos artículos de la Ley de Conciliación y Arbitraje vigente desde junio de 2015. El objetivo de esta entidad de carácter consultivo es evaluar y resolver de forma “amistosa” denuncias en materia de derechos humanos, excluyendo aquellas vinculadas a corrupción y otros delitos contra el Estado.
Creada en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta entidad estará conformada por representantes de la Procuraduría General, y de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Transparencia Institucional. Llama la atención la ausencia de la Defensoría del Pueblo, tal vez porque el trabajo del consejo será encontrar vías de solución a las demandas presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en términos que sean beneficiosos “a los intereses del Estado”. La iniciativa es digna de encomio, pues permitirá encontrar mecanismos que eviten procesos contenciosos, que además de ser costosos en tiempo y dinero, tienen la probabilidad de resultar desfavorables al Estado. Es de esperar, también, que estas soluciones amistosas tomen en cuenta la necesidad de restituir los derechos vulnerados.
