La libertad de decidir sobre aspectos que tienen que ver con tu propia vida se entiende generalmente como una obviedad, una capacidad y un derecho de cada persona. En ese sentido, la decisión de ser o no madre debiera ser una decisión y un derecho de cada mujer. Sin embargo, este derecho es negado para muchas mujeres en determinadas circunstancias, sobre todo cuando dicha decisión va en contra del rol reproductivo que la sociedad les asigna.
El seguir o no con un embarazo que no fue planificado o deseado debe ser una decisión de cada mujer, que debiera ser respetada por la sociedad en general. Los Estados deberían garantizar la libertad de las mujeres a decidir, sin condicionarlas o penalizarlas. Son las mujeres quienes, con base en su propia conciencia, experiencias y circunstancias, deben decidir continuar o no con un embarazo no deseado.
Si una mujer opta por continuar el embarazo, los Estados deben brindar los servicios necesarios para que su gestación se desarrolle en condiciones saludables. De la misma manera si opta por la interrupción del embarazo, los Estados deben proporcionar todos los servicios e insumos para que dicho procedimiento se dé en las mejores condiciones.
La penalización trae como consecuencia abortos inseguros, es decir, practicados en malas condiciones y/o por personas no capacitadas, lo cual es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública, que afecta principalmente a mujeres que viven en países donde la práctica está penalizada y que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a un servicio de calidad donde realizar el procedimiento.
La penalización de esta práctica no reduce el número de abortos, al contrario, incrementa el de los embarazos interrumpidos inseguros. Se estima que en el mundo cada año se producen 22 millones de abortos inseguros debido a su penalización, y casi todos (98%) tienen lugar en países en desarrollo. Estos abortos inseguros producen aproximadamente 47.000 muertes de mujeres y dejan a 5 millones con incapacidades como resultado de sus complicaciones. En América Latina y el Caribe cerca de 1 millón de mujeres son hospitalizadas cada año por consecuencias de abortos inseguros.
En Bolivia la cifra de muerte materna es una de las más altas de Latinoamérica (160 por 100.000 nacidos vivos) y el aborto es la tercera causa directa (13% de las muertes), lo que reafirma que es un tema pendiente de atender. Si bien en el país la interrupción del embarazo no está penada en algunas circunstancias (riesgo de salud de la mujeres o en caso de violación), el acceso a esta práctica todavía no es el adecuado, y hay otras situaciones en las cuales las mujeres requieren que su derecho a decidir sea respetado para acceder a servicios públicos para recibir atención de calidad.
Despenalizar el aborto es reconocer el derecho y la capacidad de las mujeres de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Es dejar de considerar delito la interrupción de un embarazo cuando se realiza por libre decisión de la mujer y, por ende, dejar de perseguir penal o judicialmente a quienes ejercen su derecho a decidir y/o a profesionales que efectúan el procedimiento como parte de una atención de salud. Significa respetar la decisión de las mujeres sobre la maternidad, y dejar de empujar a más mujeres a prácticas clandestinas inseguras de aborto que ponen en riesgo su integridad, su salud y su vida.
La maternidad no es un destino obligatorio para las mujeres. Decidir es derecho de todas, sin ningún tipo de discriminación. La garantía y ejercicio del derecho a decidir, y por ende de los derechos sexuales y reproductivos, es fundamental para el ejercicio de una ciudadanía plena en igualdad real.
* es feminista y activista por los derechos de las mujeres, coordinadora en Derechos Sexuales y Reproductivos de la Alianza por la Solidaridad.
