Consideremos una democracia. Una cualquiera, con Estado de derecho, con todas las garantías de libertad, y con poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) diferenciados sobre el papel. Supongamos que un nuevo líder gana unas elecciones, alcanza la cúspide del Ejecutivo, y está dispuesto a atacar la estructura del Estado, sea para mantenerse en el poder, sea para conseguir réditos personales a través de acciones corruptas. En caso de necesidad, ¿qué puede hacer la sociedad para protegerse a sí misma?
En teoría, son precisamente las leyes y las instituciones las que se interpondrán en su camino. Para eso existen los órganos Legislativo y el Judicial, entre otras cosas, ¿no? Para controlar al Ejecutivo. La norma escrita es la protección de la que se dota una democracia contra el posible tirano.
Pero las leyes están huecas si nadie está dispuesto a defenderlas. En realidad, la estructura institucional es solo una ventana de oportunidad que puede ser aprovechada (o no) por individuos con diferentes motivaciones, principalmente tres: el deber moral de proteger la democracia; los incentivos para hacer bien el propio trabajo (como juez, fiscal, diputado, senador) y ser recompensado por ello; o la rivalidad partidista. Todos ellos están contemplados en los preceptos fundacionales de la democracia, pero la supervivencia del corrupto depende de que el público solo observe el tercero.
Un ejemplo (no tan) azaroso: hoy, Donald Trump cuenta con un 84% de aprobación entre los votantes republicanos, pero solo un 9% entre los demócratas. Números que apenas han variado desde enero. Así, es probable que cualquier ataque sobre el Presidente estadounidense por parte de un juez, un fiscal o un senador, así sea de su propio partido, sea leído de manera radicalmente opuesta por ambos lados del espectro.
Consideremos de nuevo nuestra democracia cualquiera. El conflicto y la oposición son su razón de ser, pero al mismo tiempo de ahí emana su riesgo de deterioro. Pues un político lo suficientemente polarizador y carente de brújula moral puede confiar en una minoría mayoritaria y movilizada para volver la democracia contra sí misma.
Es sociólogo, máster en Políticas Públicas por la Erasmus University de Roterdam y la Central European University, columnista de El País.
