La declarada disputa por la preselección de candidatos a las próximas elecciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional tuvo un episodio intenso la anterior semana, con la ampliación del plazo para la presentación de postulaciones. La querella empezó antes del Reglamento para este proceso. Y sin duda se prolongará hasta el día después de los comicios.
Cuando la actual Constitución Política del Estado, aprobada en referéndum el 2009, estableció que las altas autoridades jurisdiccionales “serán elegidas mediante sufragio universal”, abrió una puerta inédita que, en ese momento, fue asumida como ampliatoria de la democracia. Su malogrado estreno el 2011, con las primeras elecciones judiciales, puso en cuestión el resultado. Se eligieron autoridades por votación popular, cierto, pero la administración de justicia profundizó su crisis.
El balance y un tímido debate sobre la pertinencia de elegir magistrados en las urnas tropezaron con la evidencia de que dar marcha atrás implica una reforma parcial de la Constitución. Unos no quisieron por la convicción de mantener el derecho de votar, los otros por temor a que se aprovechara el tema para “abrir el candado a la reelección”. El mecanismo está vigente. Por ello las miradas apuntan a la necesidad de garantizar que la elección judicial de este año sea sustantivamente diferente.
A reserva de los ajustes para la votación popular, el núcleo de este proceso es la preselección de candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si bien todos coinciden en que deben primar la probidad y los méritos, se trazaron dos líneas rojas sin punto de encuentro: las oposiciones, mediante declaración conjunta, plantearon que la selección debía estar a cargo exclusivo de una comisión independiente; el oficialismo, en tanto, reafirmó la atribución constitucional de la Asamblea.
Así, sin acuerdo sobre las reglas de preselección, se aprobó un reglamento cuya principal novedad es la inclusión del sistema universitario como responsable de calificar méritos y tomar examen escrito. Las entrevistas corren por cuenta de la Asamblea. ¿Qué pasó con la presentación de postulantes? En el plazo previsto hubo solamente 137. La oposición lo leyó como fracaso; el Gobierno, como tiempo insuficiente para cumplir requisitos. Y se amplió el plazo a la espera de medio millar de nombres.
Más allá de esta nueva disputa política y del número de postulantes que vayan a presentarse, los comicios están convocados para el 22 de octubre. Y será en las urnas donde se elegirán nueve magistrados titulares para el Tribunal Supremo de Justicia, nueve para el Tribunal Constitucional, cinco para el Tribunal Agroambiental y tres consejeros para el Consejo de la Magistratura. La calidad de la elección dependerá, en mucho, de la calidad de los candidatos. Por eso hoy todos miramos a la Asamblea.
