El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto ha comenzado la tarea de ordenar y controlar el servicio de transporte de pasajeros. El instrumento diseñado para el efecto es el Libro Centralizador de Rutas y Recorridos, que por lo pronto ha arrojado un dato revelador: de los más de 50 sindicatos que trabajan en la urbe alteña, solo 10 monopolizan casi todas las rutas.
Según dirigentes de la Federación Andina de Choferes 1° de Mayo, de los 58 sindicatos afiliados, nueve son los que monopolizan rutas: 18 de Diciembre, San Cristóbal, 21 de Septiembre, Pedro Domingo Murillo, 29 de Mayo, 27 de Abril, Libertador Simón Bolívar, Arco Iris y Eduardo Abaroa. La lista de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana Sostenible coincide parcialmente, pues incluye además a los sindicatos Villa Victoria, Litoral, Antonio José de Sucre, Bolívar El Alto, 8 de Agosto y 16 de Julio.
En cualquier caso, está claro para todos que el principal problema es que, por una parte, los citados sindicatos defienden “sus” rutas apelando a toda clase de medidas de presión, incluyendo la violencia física contra quienes pretenden brindar el mismo servicio que ellos y, por otra, que esas rutas son tan apetecidas porque recorren calles y avenidas mejor mantenidas y porque son las que tienen más pasajeros.
En esa lógica, poco importa si las rutas terminan saturadas por el excesivo número de vehículos (que satisfacen la demanda en horas pico, pero luego circulan vacíos); y mucho menos si hay población que ve insatisfecha su necesidad de transporte solo porque vive lejos de las calles y avenidas principales de la ciudad.
Al respecto, un especialista en transporte consultado por este diario señala que ese es el típico efecto en casos de monopolio en la prestación del servicio, especialmente en contextos como el alteño (que es igual en prácticamente todo el país): el operador monopólico deja de preocuparse por la calidad del servicio que presta, porque pone toda su atención únicamente en el negocio. Añade el especialista que esta situación no solo provoca conflicto entre los prestadores y los usuarios del servicio, sino también dentro de las organizaciones, explicando que “cualquier acaparamiento llega a un desequilibrio; en este caso, el intento de tener el control de las vías genera malestar interno y externo, y no se satisface a ninguno de los dos lados”.
Así, la iniciativa del gobierno local alteño es digna de encomio y apoyo, pues siendo la segunda ciudad más poblada y extensa del país, no puede darse el lujo de tener un transporte paupérrimo, que irrita a la población. Asimismo, debe tener un componente orientado claramente a informar a la población para sumarla a la causa, no tanto en términos de poner freno a los abusos de conductores y dirigentes, cuanto en términos de transformar los hábitos respecto al uso de este sistema de transporte.
