La modificación de las causales para la interrupción del embarazo en el Código Penal está generando un amplio debate público. Los legisladores deberán dirimir esta polémica en las próximas semanas. Sea cual sea la decisión, no podrá satisfacer todos los criterios expresados; pese a ello, habrá que respetarla y cumplirla, además de insistir en que sea explicada y justificada con solvencia.
Hay ciertos debates sobre cuestiones públicas que despiertan grandes pasiones. La mayoría tiene que ver con asuntos que afectan creencias y valores de las personas. Esa no es una razón para evitarlos; una democracia está obligada a tratarlos si afectan a la colectividad o incluso a un solo ciudadano, es un derecho. Este suele ser el caso de cuestiones como el aborto, los estilos de vida o el lugar de la religión en la vida social.
En esos casos, la institucionalidad debe garantizar que su discusión se realice de manera respetuosa y pacífica. No siempre se puede esperar un consenso al final de esas deliberaciones, pero al menos el intercambio de argumentos debería enriquecer la manera como el Estado enfoca la cuestión y así dar oportunidad a que se entiendan mejor las razones de unos y otros.
En cierto momento, los representantes de la colectividad tienen la obligación de dirimir y asumir su responsabilidad política. Lo interesante en una democracia madura es que tales decisiones no deberían depender solo de la correlación de fuerzas en la opinión pública o de la presión de los grupos de interés, sino también de lo que cada uno de los representantes considera como justo, incluso si va a contracorriente de la mayoría. Los políticos y legisladores deben escuchar a la sociedad, pero también, ejercer liderazgo.
En la larga historia de los derechos humanos, muchos avances se han logrado por el impulso de liderazgos vanguardistas; eso no es negativo en la medida en que surjan de una adecuada comprensión de las necesidades, retos y expectativas sociales, y de una auténtica preocupación por actuar en justicia y con compasión por otros seres humanos. Sin ese impulso no habría hoy el divorcio, el voto de las mujeres o el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual en buena parte del planeta.
En pocos días más, la Asamblea Legislativa tomará una decisión sobre la ampliación de las causales de interrupción del embarazo, un tema que ha generado una áspera pero también enriquecedora discusión sobre la autonomía de las mujeres en el país. Cualquiera sea la decisión, no habrá unanimidad ni apoyo de todos los sectores, pero se tendrá que acatar y respetar al surgir de nuestros representantes y después de una deliberación razonable. Los legisladores tendrán que explicarla y justificarla, explicitando sus convicciones y las consideraciones prácticas que los motivaron. El liderazgo político exige hacer pedagogía acerca de las razones de una decisión.
