Otra vez La Paz es el blanco de las disputas políticas: mientras la Alcaldía, regida por Sol.bo, intenta regular el control de las construcciones fuera de norma, una dirigencia afín al MAS, la oposición en el gobierno local, pretende desestabilizarla, en aparente defensa de los vecinos.
No hay que descubrirlo. El líder de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve “paralela”), Jesús Vera, actúa bajo intereses partidarios y en contra de la población, que sufre todo tipo de manifestaciones que afectan su cotidianidad, desde ejercicios por el Día del Desafío (¿acaso es necesario siempre ocupar calles habiendo espacios abiertos que no molestan la circulación?), las protestas de padres de familia en las esquinas de algunos colegios o las largas marchas de comerciantes que defienden su “derecho” a incumplir el pago de impuestos, la ocupación insolente de las vías y aceras o al contrabando.
La actuación política de la dirigencia vecinal se entiende mejor por la inacción de la Policía Boliviana, que no hace nada por garantizar a los ciudadanos la libre circulación ante una treintena de vecinos malinformados que con solo escombros y algunos troncos logran bloquear un punto neurálgico de la ciudad, hasta colapsarla arbitrariamente. No tiene que reprimir la protesta, porque no es necesaria ante grupos pequeños, sino impedir que éstos cierren las calles y avenidas. Nada más.
Y más aún con la declaración de ayer de la ministra de Comunicación, Gísela López, quien, ante el asedio de la Fejuve de Vera a la ciudad, dijo que los bolivianos viven “en un Estado de derecho en el que la protesta está garantizada”, en franco aval a los bloqueos que por segundo día impedirán a los paceños trasladarse con normalidad de un punto a otro.
Si así es la lógica, el Gobierno no habría tenido la necesidad de reprimir aquellas protestas de los discapacitados ni las manifestaciones del fin de semana en Camiri, contra el alcalde del MAS Franz Valdez.
Pero no, es una conveniente justificación para no descalificar a una dirigencia vecinal que juega a su favor.
El Estado, a través de las fuerzas del orden, tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas en situaciones anormales, acción no necesariamente vinculada al uso de la violencia. Eso se suponía que podía ocurrir en los días de bloqueos que sufre la hoyada.
Así como ocurrió en Camiri, cuando el sábado los detractores del Alcalde del MAS fueron dispersados con gases lacrimógenos por parte de bien pertrechados agentes policiales, que —en uso de sus atribuciones— evitaron el corte de vías hacia Argentina. “Nuestra obligación es mantener el resguardo de los derechos de terceras personas que nada tienen que ver con ese conflicto”, había declarado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre el caso.
Claro, los paceños merecen la misma consideración —el “resguardo de los derechos de las terceras personas”— que hizo la autoridad.
Pero no es así. No es la primera vez que las autoridades policiales incumplen su mandato en un conflicto en La Paz, donde la pulseta entre el oficialismo y la oposición locales afecta a terceras personas, que, a su vez, es de ida y vuelta: hubo también conflictos alimentados, impulsados o apoyados por las facciones de la organización política del alcalde Luis Revilla, no hay que negarlo.
Es demasiado pedir, pero los conflictos partidarios no deberían afectar nuestros derechos ciudadanos.
