Los hechos de corrupción y prebendalismo en YPFB (una verdadera saga) no constituyen ni prácticas episódicas ni casos de microcorrupción. Al contrario, se diría que forman parte del funcionamiento real del Estado y que están conectadas con comportamientos y modos de vida habituales en nuestra sociedad; o sea que no siempre son representados como actos ilegales por los actores involucrados. Lo mismo puede decirse del caso Zapata y, sobre todo, del Fondo Indígena, escándalos que develaron la verdadera trama del poder, agazapada detrás de las normas y discursos.
Estos casos presentan elementos comunes: la acción coordinada de muchas personas (grupos o redes) situadas en altos cargos del Gobierno y que emplean el poder conferido por su investidura para actuar en contra del Estado y del interés público. La palabra trama (o intriga) connota precisamente esa doble realidad: red e intriga. Es decir, no se trata de la venalidad de un funcionario venal y astuto, sino de una acción colectiva, basada en el secreto y la complicidad, que produce efectos políticos.
La corrupción y las otras figuras asociadas con ella (prebendalismo, patrimonialismo, clientelismo, cooptación, nepotismo) constituyen en verdad un dispositivo de poder y gobernabilidad (una “mediación prebendal”, según René Zavaleta) por medio del cual se intercambian recursos públicos, favores, reconocimientos y canonjías a cambio de fidelidad política. Un analista brasileño decía con realismo y amargura que en su país la corrupción es una máquina para “producir el Estado”. No es por tanto un hecho coyuntural, sino un habitus político persistente.
La corrupción tiene efectos contradictorios. Por una parte, puede tener un efecto cohesionador cuando actúa como una mediación entre el Estado y la sociedad civil, en el sentido de que neutraliza a los grupos estratégicos y los incluye en un proyecto político. Por otra parte, constituye un “poder peligroso” porque destruye la confianza de los líderes y corrompe la representatividad de un gobierno. Y esto sucede cuando los fines públicos son rebasados y las redes de corrupción se vuelven un poder en sí mismo, un poder paralelo e invisible.
Esto sucedió con la trama del Fondo Indígena. Esta institución funcionó como una red de intercambios clientelares y prebendales entre el Gobierno y la dirigencia campesina/indígena. En otros términos: contó con el consentimiento o la complicidad de funcionarios públicos de alto nivel, técnicos y una red de dirigentes campesinos e indígenas, sobre todo de los líderes de las organizaciones campesinas. Las denuncias de corrupción en esa institución tuvieron efectos políticos devastadores: cuestionó la legitimidad del proceso de cambio, erosionó el capital simbólico del presidente Morales y derrumbó el mito del indígena como “reserva moral” de la humanidad.
