Con su propuesta de “flexibilizar” los criterios de paridad de género e inclusión indígena en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa estuvo a punto no solo de vulnerar la Constitución Política del Estado, sino también de cometer un monumental extravío. Menos mal que decidió dar marcha atrás.
La elección por voto popular de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional generó polémica desde su primera experiencia, malograda, en 2011. Con ese antecedente, además de la evidente crisis en la administración de justicia, se esperaba cambios en los comicios de este año. Pero el camino se inició con tropiezos: reglamento sin acuerdo político, ampliación de plazo por falta de postulantes y, ahora, insuficiente presencia de mujeres e indígenas.
Pese a que se registraron 492 aspirantes, la verificación de requisitos derivó en un dato crítico: en algunos departamentos no había el mínimo requerido de postulantes en los tribunales Constitucional y Supremo de Justicia para cumplir la paridad de género y la plurinacionalidad. Entonces el oficialismo, a la cabeza de la presidenta de Diputados y el presidente del Senado, anunciaron “la solución”: una ley transitoria para flexibilizar los criterios de selección. Entiéndase bien: una ley para incumplir la Constitución y la Ley.
¿Cuál fue el preocupante justificativo para tal “solución”? Que no se puede subordinar la meritocracia al cupo establecido de mujeres e indígenas. Si bien hay consenso en la necesidad de garantizar que se elija a las y los mejores, en ningún caso se lo puede hacer a costa de negar derechos, aunque sea transitoriamente. La participación igualitaria de mujeres y hombres, así como la presencia indígena en los órganos del Estado, son principios constitucionales. Y como tales, se cumplen, no se flexibilizan.
Sea por presión de la crítica, sea por impulso autocrítico o sencillamente por el riesgo de una acción de inconstitucionalidad, la mayoría oficialista decidió abandonar su ley transitoria, declarar desierta la convocatoria, lanzar una nueva para postulantes a los dos tribunales y postergar la fecha de la votación. Es lo que debió hacerse desde el principio. Claro que la nueva convocatoria no garantiza, per se, la paridad de género y la plurinacionalidad que, no siendo automáticas, requieren gestión.
Más allá del cumplimiento de los mínimos establecidos en el reglamento de preselección, y asumiendo el apego a la Constitución Política y la normativa vigente, las elecciones judiciales del 3 de diciembre cargan problemas de legitimidad de origen. Lo sabe la oposición, que hará todo lo posible por seguir golpeando el proceso. Lo sabe el oficialismo, que tendrá que dar señales contundentes para evitar, o al menos atenuar, unos comicios que, al menos hasta ahora, otra vez, se avizoran malogrados.
