En los inicios del siglo XXI, el ejercicio de la ciudadanía tiene que ver, entre otras cosas, con el acceso a instrumentos que facilitan contar con una abrumadora cantidad de contenidos, unos informativos, otros de recreación y algunos de entretenimiento.
En democracia, la libertad de expresión abre posibilidades de ejercicio de otras libertades, pero en América Latina aún queda en la memoria la oscura época de los gobiernos dictatoriales que restringieron y censuraron esas libertades, a los que hoy se hace referencia con frecuencia.
El régimen totalitario se encargó de limitar el acceso a la información, hacerla escasa y, en su peor momento, en objeto de censura. Si bien en muchos países democráticos esas condiciones fueron cambiando, en otros continúa la sombra de la desinformación o las restricciones al acceso.
El 2009 en Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la Ley de Medios, que en los hechos logró reducir la cantidad de licencias de funcionamiento de medios en manos de un solo propietario, es decir, combatir el monopolio. Esa ley, que pretendía la democratización de la comunicación, surgió en medio de un franco enfrentamiento entre el Grupo Clarín, principal multimedio argentino, y los esposos Kirchner que gobernaron durante 12 años.
Para el periodista argentino Marcelo Franco, director de la Maestría de Periodismo de la Universidad Icesi, Cali (Colombia), la Ley de Medios nació distanciada entre el Gobierno y los actores de los medios. Evaluando a la luz de la innovación permanente de las tecnologías de la comunicación e información, es una ley que da la espalda al siglo XXI porque no incluyó a los medios digitales y negó la posibilidad de ordenar algunos derechos y cumplimiento de deberes.
A poco de asumir la presidencia, en diciembre de 2015, Mauricio Macri anunció que haría modificaciones a esa polémica ley, y su jefe de gabinete, Marcos Peña, afirmó que “se terminó la guerra contra el periodismo y comienza la era del siglo XXI, en lo que tiene que ver con las comunicaciones”.
Para Franco, el ejercicio de la comunicación tiene una consecuencia, supeditada a cierto control, no en relación a los contenidos por los que se puedan o no comunicar, sino a la posibilidad equilibrada de decir las cosas, en la gestión de la comunicación de quienes, por pertenencia a la sociedad, merecen volver visible sus ideas o reclamos. Según su opinión, el principio obligante del periodismo es la lucidez, no la defensa de los intereses de la corporación en los que eventualmente puedan estar asociados, sean éstos empresariales o de gobierno.
El hecho de no poder ejercer la lucidez, no poder traducir —esa lucidez— en argumentos a favor o en contra de lo que está sucediendo, o no poder participar en esa contienda en condiciones de disidente, es un riesgo a la libertad de prensa. En esa ida y vuelta de garrotazos entre corporaciones políticas y empresariales, los periodistas no se pueden alinear con la línea de fuego de los dos lados, sino con el automandato vocacional o profesional de servicio.
Según Franco, es común que los periodistas estén en la línea de fuego, de ninguna manera se puede justificar lo que se hace en nombre de la libertad de expresión, sino y de manera clara plantear su legítima defensa, sin avergonzarse por ser de derecha o izquierda o pertenecer a una corporación política o empresarial, profesar un culto religioso o una preferencia sexual. Es innecesario disfrazar una cosa con otra.
El periodismo es un agregado de valor social, bajo la forma de información contextualizada o del conocimiento que se constituye como un borrador de la historia, aquella que los historiadores o científicos se encargarán después de presentar. En estas condiciones, un Estado moderno debe preocuparse por garantizar, por medio de su normativa, un escenario de pluralidad y de participación de la ciudadanía, permitiendo el acceso a la información y el debate público de los temas centrales.
