Una de las ideas que ha acuñado el Gobierno respecto a la corrupción es que cualquier hecho de este tipo que sea identificado en la administración pública será drásticamente sancionado. Al respecto, es difícil olvidar cuando Santos Ramírez, uno de los servidores públicos más allegados al presidente Morales, fue descubierto en una red de ilícitos y esto devino en su privación de libertad, lo que sentó un precedente simbólico, respecto al trato que se le da a este tema. Luego, otros hechos buscaron dar cuenta al país de que esa línea no se había dejado de lado; tras el caso del Fondo Indígena (Fondioc), dos exministras de Estado fueron privadas de su libertad.
En principio, suena sensato otorgarle tranquilidad a la población respecto a la administración de los recursos que nos pertenecen a todos y todas, dando fuertes señales sobre su tratamiento en altas esferas gubernamentales. No obstante, estas semanas, a ocho años de que lucha contra la corrupción haya devenido en una característica de este Gobierno (por la detención de Santos Ramírez), y tras el trato que se le está dando a las recientes denuncias sobre la presunta compra irregular de taladros por parte de YPFB, y en torno a la adquisición de equipos en BTV, todo indica que varias de las características que envuelven a esta estrategia se han vuelto perversas, y ocasionalmente parecieran estar generando más ruido que nitidez ante la opinión pública.
Una de estas características, de tipo legal, está ligada directamente a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, norma que crea ocho nuevos tipos penales cuyo tratamiento le ha sido “arrebatado” al Derecho Administrativo. Con este tratamiento, hechos que en rigor no constituyen actos de corrupción, sino que la circundan, en combinación con una administración de justicia deplorable generan que una acusación (declaración, concretamente) devenga en sinónimo de detención preventiva.
Otra característica, de tipo simbólico, está ligada al hecho de que se ha devuelto al vocabulario la categoría de “microcorrupción”, que da como resultado la materialización de un indefinido limbo para aquellos hechos que, más allá de su magnitud, son conocidos públicamente o no.
Otra, de tipo político, está relacionada con la instrumentalización de estas acusaciones con fines políticos que, con el tiempo, han devenido en una práctica que tiene lugar incluso dentro del mismo Gobierno; lo que ha generado escepticismo en la opinión pública sobre los fines con los que se dan a conocer estos hechos.
Y una última, de tipo institucional, está ligada a dos fenómenos concretos; el primero, la pérdida de protagonismo en la esfera pública de la Contraloría General del Estado; y la segunda, los niveles de desinstitucionalización que a la fecha enfrentan los gobiernos (así, en plural) y que, relacionados con otro tipo de problemáticas aledañas, están lacerando profundamente el servicio público.
Suena descabellado criticar toda iniciativa que apunte a denunciar y combatir la corrupción. Ciertamente estamos haciendo referencia a un tema que es de preocupación social y que, de forma definitiva, cualifica la gestión pública. No obstante, también se sabe que si las estrategias no se modifican o reinventan, se desgastan con el paso de los años. Pareciera ser que esto es lo que ocurre hoy en torno a la forma de combatir la corrupción, lucha que, por diversas razones, pareciera generar más escepticismo en la ciudadanía que en años pasados.
