Los obstáculos se acumulan en la ruta de la elección de las altas autoridades judiciales del país. Este proceso se está transformando en un nuevo escenario de confrontación partidaria estéril y mezquina. Algunos creen, cínicamente, que pueden ganar de este desaguisado, cuando en realidad están erosionando gravemente la confianza social y la legitimidad de toda la clase política.
Existe consenso sobre la decadencia, corrupción e inefectividad del sistema judicial del país. Su disfuncionamiento menoscaba los derechos de millones de bolivianos, de todos los estratos sociales y posiciones políticas. Urge que las cosas mejoren en los servicios de justicia.
Ciertamente la elección de una nueva cúpula jerárquica de este Órgano del Estado no va a solucionar todos los problemas, pero es la oportunidad de colocar en la cabeza de las instituciones judiciales a personas con solvencia profesional, idoneidad y compromiso con la reforma del sector. Se puede discutir si el mecanismo de elección por voto popular y selección parlamentaria de los postulantes es el más adecuado, pero mientras esté inscrito en la Constitución, hay que aplicarlo de la mejor manera que sea posible.
En el proceso actual se han mejorado algunos de los procedimientos de evaluación y de selección por méritos, e incluso se ha intentado acordar criterios multipartidarios para su ejecución. Sin embargo, lamentablemente hasta ahora han sido más visibles las imprecisiones y desprolijidades en su gestión, los intentos por instrumentalizarlo, las críticas no constructivas y las acciones de obstrucción. En este desaguisado están involucrados, por igual, oficialistas y opositores.
Hay que enfrentar la verdad, no se van a impulsar los cambios que la sociedad exige mientras prevalezcan cálculos mezquinos en muchos políticos, unos aspirando a controlar trozos del Órgano Judicial, y otros apuntando a sumar votos nulos y blancos para proclamarse “ganadores” de una batalla pírrica. No parece haber consciencia de que pasado el zafarrancho, tendremos de todas maneras que vivir con esas autoridades, bien o mal electas, y seguir sufriendo los desajustes cotidianos de un sistema de justicia perverso que parecerá irreformable.
Pese a estos malos augurios, resta mucho por mejorar para que el proceso de selección sea más transparente y ordenado. Se precisa claramente mejor planificación, previsión y pedagogía en su ejecución. La crítica y la vigilancia son también imprescindibles. La oposición tiene un rol central en este aspecto, pero sin recurrir a generalizaciones abusivas y apostando a perfeccionar el proceso y no buscar su descarrilamiento. Aunque se nos califique de ingenuos, creemos que buena parte de la clase política es responsable con los intereses del país y de los ciudadanos; por tanto, confiamos en que no es demasiado tarde para relanzar y mejorar las elecciones judiciales.
